Los sistemas de alerta temprana en México podrían volverse accesibles para personas con discapacidad auditiva y visual, si prospera la iniciativa presentada en el Senado para modificar la Ley General de Protección Civil y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

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La propuesta fue impulsada por el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, senador Manuel Añorve Baños, quien explicó que actualmente la mayoría de los sistemas dependen exclusivamente de señales auditivas, lo que deja fuera a millones de personas en situación de riesgo.

“La mayoría de estos mecanismos dependen exclusivamente de alertas auditivas, lo que genera exclusión para las personas que no escuchan, impidiendo que reciban la alerta de manera oportuna y adecuada”, señaló el legislador.

Añorve Baños advirtió que México es un país especialmente vulnerable a fenómenos naturales como sismos, huracanes, erupciones volcánicas e inundaciones, y aunque se han desarrollado sistemas de alerta, éstos no contemplan medidas incluyentes.

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“El acceso a una alerta en tiempo real puede ser la diferencia entre la vida y la muerte“, subrayó.

De acuerdo con datos citados por el senador, en el país existen aproximadamente 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva, por lo que advirtió que excluirlas de los mecanismos de advertencia representa una vulneración directa a sus derechos fundamentales.

La iniciativa plantea que los sistemas de alerta incorporen elementos visuales y sonoros accesibles tanto en espacios públicos como privados. Entre las opciones tecnológicas que podrían implementarse, Añorve mencionó pantallas electrónicas con mensajes de advertencia, luces estroboscópicas en edificios y estaciones de transporte, notificaciones emergentes en dispositivos móviles y señalización digital en oficinas, escuelas y hospitales.

Además del compromiso nacional, el senador guerrerense recordó que esta medida responde a obligaciones internacionales suscritas por el Estado mexicano. En particular, citó el artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —ratificada por México en 2007— que establece el deber de los Estados de garantizar la protección y seguridad de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidos desastres naturales y emergencias humanitarias.

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Añorve Baños consideró que adaptar los sistemas de alerta no sólo es un asunto de equidad, sino también de responsabilidad institucional.

“Esta medida no sólo es una acción de justicia, sino también una obligación internacional“, afirmó.

El legislador, finalmente, aseguró que existen ya las herramientas tecnológicas necesarias para implementar estas mejoras, por lo que llamó a avanzar en reformas legales que aseguren condiciones de seguridad más igualitarias para toda la población.