La diputada por Morena, María de los Ángeles Ballesteros García, propuso que los planes y programas de estudio impartidos por el Estado, sus organismos descentralizados y escuelas particulares incluyan el fomento de la cultura de la legalidad, así como la prevención, el combate y la erradicación de los actos de corrupción.

La iniciativa, que plantea adicionar la fracción XVI al artículo 30 de la Ley General de Educación, fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis. Según la legisladora, el objetivo no es solo fortalecer la formación ética y ciudadana de las futuras generaciones, sino también contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.

En su exposición de motivos, destacó que México ocupa el lugar 126 de 180 países evaluados en materia de corrupción, con una calificación de 31 puntos sobre 100, lo que refleja la persistencia de prácticas corruptas en distintos ámbitos de la vida pública, principalmente en los sectores social, político y económico.

Ballesteros García señaló que la educación tiene la capacidad de moldear valores, actitudes y comportamientos desde edades tempranas, y que la enseñanza de principios éticos fomenta el respeto por las normas, además de promover una conciencia crítica frente a las prácticas corruptas.

Indicó que, desde las aulas, es posible implementar actividades que sensibilicen sobre la importancia de actuar con integridad, mediante herramientas como simulaciones, juegos enfocados en la toma de decisiones éticas, análisis de casos reales de corrupción y sus efectos en la sociedad, así como talleres y campañas escolares que promuevan valores como la transparencia y la responsabilidad.

Advirtió que la corrupción socava la confianza ciudadana en las instituciones, debilita el Estado de derecho y perpetúa las desigualdades sociales. En ese contexto, citó datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del INEGI, que revelan que el 83.1 por ciento de las personas considera que la corrupción es frecuente en sus entidades, y el 44.7 por ciento declaró haber presenciado actos de corrupción.

Además, agregó que ese mismo año, el costo total derivado de la corrupción, por pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, ascendió a 11 mil 910 millones 615 mil 651 pesos, lo que representa un promedio de 3,368 pesos por persona afectada.

La diputada subrayó que varios países han implementado estrategias educativas orientadas a fomentar la transparencia y la ética desde el entorno escolar, integrando en sus planes de estudio contenidos relacionados con el combate a la corrupción.

Concluyó que la educación representa un pilar fundamental para enfrentar este fenómeno, el cual se ha arraigado durante generaciones en el país y es resultado de múltiples factores históricos, sociales y culturales que han influido en la forma de ejercer el poder y las relaciones sociales.