El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado propuso ante la Junta de Coordinación Política y las presidencias de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, una lista de 21 personas especialistas para que sean consideradas en los conversatorios que se realizarán del 8 al 22 de mayo con el objetivo de analizar y formular propuestas para una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
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Los perfiles sugeridos provienen de diversos sectores, incluyendo la academia, la sociedad civil, el sector público y la industria, y cuentan con experiencia en regulación, competencia económica, tecnología, derechos digitales, libertad de expresión y radiodifusión.
De acuerdo con la bancada, la intención es que sus opiniones técnicas y argumentos contribuyan a enriquecer la discusión legislativa con enfoque en controles democráticos, pluralidad de voces y garantías a la libertad de expresión.
El calendario contempla cuatro sesiones temáticas.
El 8 de mayo se analizarán las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, con propuestas como Karla Prudencio, Alberto Farca, Lorely Ochoa, Mony de Swaan, Judith Mariscal, Alexander Elbittar, Jorge Volpi y Armando Toscano.
El 13 de mayo se abordará la cobertura social y el acceso al espectro radioeléctrico, con perfiles como Mayra Nathali Gómez, María Elena Estavillo y Salma Jalife. Para el 15 de mayo, el tema será servicios digitales, y entre las personas sugeridas se encuentran Xavier Careaga, Carolina Leconte y Andrea García.
El 20 de mayo la discusión girará en torno al servicio público de la radiodifusión, con nombres como Alejandro Cabral y Gabriela Warkentin.
Para el conversatorio del 22 de mayo se prevé la sesión sobre derechos de los usuarios y audiencias, con especialistas como Denisse Dresser, Luis Fernando García, Leopoldo Maldonado, Hilda Saray Gómez y Carmen Patricia Ortega.
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Finalmente, Movimiento Ciudadano manifestó su confianza en que el análisis plural y especializado va a permitir avanzar hacia un marco normativo que equilibre los intereses públicos con los principios democráticos y se garantice el respeto a los derechos fundamentales en materia de comunicación y tecnologías.

Foto: Cuartooscuro 


