El diputado del Partido Acción Nacional, Víctor Manuel Pérez Díaz, presentó una iniciativa para reformar el artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal, con el objetivo de establecer una sanción de tres a diez años de prisión y multa de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien, sin autorización, acceda a un sistema informático o a datos protegidos por mecanismos de seguridad, con el propósito de sustraer, modificar, destruir, copiar o alterar información.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, también contempla el incremento de la pena en una tercera parte cuando el delito se cometa con la intención de causar daño psicológico o material a la víctima.

Pérez Díaz señala que actualmente las penas por este tipo de conductas son de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días de multa, lo que permite que las personas acusadas puedan obtener su libertad mediante fianza o caución. Considera que dichas sanciones son bajas y no resultan efectivas para disuadir la comisión del delito.

En la exposición de motivos, el legislador argumenta que los delitos cibernéticos representan una amenaza creciente, ya que los responsables son cada vez más ágiles, mejor organizados, cooperan entre sí y adaptan sus métodos de ataque. Entre las principales amenazas menciona el phishing, el ransomware y las violaciones a la seguridad de datos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los principales delitos cibernéticos registrados en el país son la extracción de datos sin consentimiento (hacking), ataques intencionados a sistemas operativos y software (cracking), engaños para obtener información bancaria (phishing), envío de mensajes electrónicos con enlaces falsos (spamming) y extorsión digital (ciberterrorismo).

El diputado reconoce que el Gobierno Federal ha emprendido acciones para combatir los delitos cibernéticos, como la creación de policías cibernéticos federales y locales.

No obstante, considera que el Poder Legislativo debe fortalecer el marco jurídico para enfrentar este tipo de ilícitos.

Finalmente, sostuvo que el endurecimiento de penas generará una disminución en la comisión de estos delitos, al dejar de ser percibidos como actividades de bajo riesgo y alta rentabilidad por parte de la delincuencia.