Proponen incluir en legislación local que delincuentes paguen defensoría de víctimas

PATRICIA RAMÍREZ Foto: Cuartoscuro Muchas víctimas de violencia no denuncian a sus agresores por falta de recursos para pagar un abogado y en el caso de mujeres, porque incluso dependen económicamente de ellos, por lo que es necesario establecer en la ley de la Ciudad de México que los delincuentes pagarán la defensoría de la

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PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

Muchas víctimas de violencia no denuncian a sus agresores por falta de recursos para pagar un abogado y en el caso de mujeres, porque incluso dependen económicamente de ellos, por lo que es necesario establecer en la ley de la Ciudad de México que los delincuentes pagarán la defensoría de la víctima, aseguró la diputada Elizabeth Mateos.

La legisladora local explicó que a nivel federal, la Ley General de Víctimas establece como reparación del daño el pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico, cuando este sea privado, por lo que es urgente que la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, en materia de reparación integral a víctimas sea armonizada con la ley federal, para que el delincuente o agresor sea   quien absorba los honorarios del abogado.

La coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas destacó que esto permitiría que cualquier víctima de un delito contrate a un abogado privado a su libre elección, y de igual forma, el Estado actúe cuando haya violaciones a los derechos humanos.

Así, el agresor o delincuente será quien absorba los honorarios del defensor de la víctima, independientemente de lo establecido para la reparación del daño sufrido en la integridad física o moral de la víctima; el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando se cause incapacidad para trabajar en un oficio, arte o   profesión; la indemnización por los daños patrimoniales generados; el pago de los tratamientos médicos  o  terapéuticos que sean necesarios para la recuperación de la salud psicológica y física de la víctima, entre otros.

Mateos Hernández explicó que las víctimas se limitan por falta de recursos y aun cuando existen los defensores públicos, que actúan en pro de las víctimas, se encuentran saturados por la gran carga de trabajo existente.