Ante el registro de 127 mil 903 personas desaparecidas o no localizadas en México, se propuso incorporar en la Constitución el derecho a la búsqueda, con el objetivo de obligar a todas las autoridades a actuar de manera inmediata, coordinada y con todos los recursos disponibles para localizar a quienes se desconoce su paradero.

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El diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez planteó adicionar un párrafo al artículo 4º constitucional para establecer que las personas desaparecidas y sus familiares tienen derecho a ser buscadas. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La propuesta establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán realizar acciones para determinar la suerte o paradero de cualquier persona reportada como desaparecida o no localizada, sin depender de la existencia de una investigación del Ministerio Público y bajo la presunción de que la persona se encuentra con vida.

Asimismo, se contempla que, en los casos que corresponda, las instituciones deberán implementar mecanismos para localizar, identificar y resguardar los restos de las víctimas en condiciones dignas, hasta su entrega a familiares.

Señala también que el Estado estará obligado a emplear todos los recursos y medios institucionales disponibles, actuar sin dilación y garantizar la coordinación entre autoridades.

También se prevé la participación de familiares en los procesos de búsqueda, así como la protección de la dignidad y la personalidad jurídica de las personas desaparecidas.

En la exposición de motivos, se indica que la desaparición de personas ha afectado el tejido social del país. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, existen 127 mil 903 casos registrados.

Por lo anterior, resaltó que con la iniciativa se busca fortalecer el marco normativo en la materia mediante el reconocimiento del derecho humano a la búsqueda, con el propósito de colocar a las personas desaparecidas en el centro de las acciones institucionales.

También plantea que este reconocimiento implicaría que todas las medidas relacionadas con la búsqueda -administrativas, legislativas y judiciales- se rijan por los principios de progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad.

Señala, finalmente, que la propuesta amplía la protección a familiares que participan en labores de búsqueda, y busca garantizar que las personas desaparecidas mantengan su reconocimiento como sujetos de derecho, con dignidad, personalidad y capacidad jurídica.