Proponen reconocer legalmente a madres buscadoras como víctimas directas

La iniciativa busca garantizar medidas de protección, atención y reparación para familiares de personas desaparecidas y sus colectivos



Con el objetivo de que se reconozca legalmente como víctimas directas de delitos y violaciones a derechos humanos a las madres buscadoras y sus colectivos, el senador del PRI, Pablo Angulo Briceño, presentó una iniciativa para reformar los artículos 4 y 9 de la Ley General de Víctimas.

La propuesta busca que familiares de personas desaparecidas —madres, padres, hijos, abuelos y hermanos— sean considerados víctimas directas, y que los colectivos de familiares cuenten con reconocimiento legal pleno para acceder a medidas integrales de protección, atención y reparación por parte del Estado mexicano.

“Es necesario que el Estado brinde efectividad a las madres en su reconocimiento como víctimas, en un entendido eficiente y capaz de brindarles las medidas necesarias, como se acredita en el marco jurídico”, señala el legislador en las argumentaciones.

Subraya la labor de las madres buscadoras en la visibilización de la desaparición forzada en el país, y denuncia la violencia sistemática en su contra.

Indicó que, de acuerdo con el texto, entre 2021 y 2024 fueron asesinadas 22 personas buscadoras, de las cuales 15 durante la actual administración; ocho de ellas eran mujeres.

Entre los cambios propuestos destaca la ampliación del concepto de víctima directa, que incluiría también a familiares consanguíneos y por afinidad, sin limitación de grado en línea recta.

Además, se establece que las víctimas familiares tendrán acceso a medidas amplias de asistencia y atención por parte de las autoridades federales y estatales.

Los colectivos, por su parte, indica la iniciativa presentada por el legislador, contarán con mecanismos, programas, recursos y medidas integrales en materia de protección, seguridad, atención política, económica, social y cultural.

La iniciativa también se alinea con los compromisos internacionales de México, en particular con el Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que promueve la paz, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones.