La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa que busca modificar el artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el propósito de incorporar la promoción activa de contenidos que impulsen la no violencia contra las mujeres y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad en los servicios de radiodifusión, televisión y audio restringidos.
LEE ADEMÁS: ¿Casi de panzazo pasan zapatos escolares? : Profeco
La propuesta, turnada a la Comisión de Radio y Televisión, establece que tanto el Estado como los concesionarios del sector tienen la obligación de fomentar mensajes que erradiquen la discriminación y cualquier forma de violencia, incluidos los discursos que normalizan actitudes sexistas o excluyentes.
Elizondo Guerra advierte que diversos formatos de contenido, como programas de entretenimiento, series, anuncios, noticieros y publicaciones en redes sociales, han contribuido a consolidar representaciones de género que perpetúan desigualdades y reproducen formas sutiles de violencia.
Una de estas expresiones, explica la legisladora, es la violencia simbólica, que se manifiesta mediante mensajes o narrativas que refuerzan roles tradicionales o jerarquías injustas, afectando la percepción social sobre las mujeres.
Ante este contexto, subraya la responsabilidad de los medios y de quienes generan contenidos de comunicación de evitar expresiones que alimenten estigmas, sin restringir el derecho a la libertad de expresión.
Asimismo, señala que la manera en que se representan a las personas con discapacidad en medios masivos también requiere una transformación profunda, ya que en la mayoría de los casos se les retrata desde visiones asistencialistas, como sujetos de compasión o como ejemplos excepcionales por superar adversidades.
“Persisten dos enfoques dañinos: uno que reduce a las personas con discapacidad a objetos de lástima o tratamiento médico, y otro que las convierte en figuras heroicas cuya función es motivar a quienes no enfrentan dicha condición”, puntualiza.
Ante ello, la diputada argumenta que es indispensable una revisión crítica de los contenidos que circulan en los medios, con la finalidad de reconocer y desmantelar prácticas narrativas que consolidan desigualdades. Asegura que es momento de cuestionar lo que se produce, se difunde y se consume.