Protege juez a general ligado a huachicol

Una juez federal otorgó ayer una suspensión que frena por el momento cualquier orden de aprehensión contra el general Eduardo León Trauwitz, ex titular de Servicios de Seguridad Física de Pemex, quien es investigado por robo de combustible.

De acuerdo con informes oficiales, las cuentas bancarias del brigadier y otros tres militares de alto rango que estuvieron encargados de la protección de ductos de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron congeladas, hasta en tanto se dilucida la investigación.

El oficial presentó el pasado 16 de enero la demanda de amparo ante la juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien le fijó como garantía un importe de 30 mil pesos, con lo que evitaría su detención.

Sin embargo, en caso de existir alguna orden de aprehensión donde se le acuse de un delito grave que amerite prisión preventiva, la suspensión no surtirá efecto.

Hasta el momento, se ignora si existe alguna orden de aprehensión, presentación o localización contra el general, quien se desempeñó como jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México.

Trascendió, sin embargo, que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo una investigación contra el militar por posible acciones ilegales durante su gestión como vigilante de la red de ductos de Petróleos Mexicanos.

Los otros militares cuyas cuentas fueron congeladas son el teniente coronel Wenceslao Cárdenas, ex titular de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex; el general de brigada Sócrates Alfredo Herrero, gerente de Seguridad Física de la SSE, y el coronel de infantería Emilio Gosgaya, gerente de Gestión Técnica de la misma área.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en días pasados que hay pruebas de que los militares mecionados “tenían información sobre el robo y no actuaban”.

Precisó que los trabajadores de Pemex eran intimidados para facilitar el saqueo.

La investigación a los cuatro militares forma parte de una amplia indagatoria sobre la red de servidores públicos y ex funcionarios implicados en el negocio del robo de combustible, cuyo monto oscila alrededor de los 60 mil millones de pesos anuales.