Feministas exigieron que el Comité Evaluador del Poder Legislativo revise la gestión de Rafael Guerra Álvarez al frente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), quien aspira llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Ello, ante la obstaculización de la justicia y revictimización que han sufrido muchas víctimas en ese Tribunal local.

De ahí que las activistas Dulce Gómez y Cynthia Bravo, impulsoras de la Ley Camila, así como Dannya Michelle, coordinadora de Alianzas, denunciaron que en su administración ha permitido que se perpetúe un sistema de corrupción que afecta a mujeres y colectivos vulnerables en los juzgados de lo Familiar y también de lo Civil.

Tras una reunión con senadores, las feministas señalaron que la corrupción judicial, además de obstaculizar el acceso a la justicia, también revictimiza a quienes buscan protección legal.

Al respecto, señalaron la decisión de la jueza María del Socorro Cecilia Jiménez Vega, quien en octubre de este año entregó la custodia de Margot, una niña de siete años, a su padre, quien antes la retuvo de manera ilegal.

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En tanto que el juez 18 de lo Familiar, Carlos Martínez Hernández, desestimó pruebas de violencia presentadas por Dannya, otorgando la custodia al padre y, se aseguró, limitando la documentación de los abusos por parte de la madre.

Argumentaron que estas decisiones carecen de perspectiva de género y dejan a los menores en situaciones de vulnerabilidad.

Las activistas también acusaron de corrupción al juzgado 18, bajo el juez interino Carlos Martínez Hernández, así como la secretaria de acuerdos “B”, Justina Gabriela Reyes Pérez, a la licenciada Miriam Olimpia Rodríguez Lozano; la jueza novena de lo Familiar, María Josefa Franco Corral, y la jueza Erika Magali Correa Río Frío,

“Muestran un sistema judicial que prioriza intereses económicos sobre la justicia”, señalaron al indicar que si bien la reforma judicial busca combatir la corrupción de alto nivel, las afectaciones más comunes ocurren en los juzgados civiles y familiares.

“Permitir que Rafael Guerra Álvarez aspire a la Suprema Corte sería un grave error, dado su historial de indiferencia ante estos problemas”, señalaron Dulce Gómez, Cynthia Bravo, así como Dannya Michelle, quienes exigieron al Senado y el Comité Evaluador “impedir, como deber legal y moral, que alguien con estos antecedentes llegue a la Suprema Corte”.