-¡Eeeso!

Hugo López-Gatell Ramírez celebró en vivo y en plena conferencia.

-Cofepris acaba de otorgar la autorización de uso de emergencia a la vacuna Sputnik V. Existe ya la posibilidad de que se importe y sea utilizada, dijo en la nocturna a los reporteros, visiblemente emocionado.

El subsecretario de Salud sabía perfectamente desde la noche del lunes que la vacuna estaba aprobada.

Pero se lo guardó para el martes, sólo dijo que había una recomendación a favor no oficial.

Y que lo sería sin importar si la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ) da su aval o no y si en Europa la Agencia Europea de Medicamentos tampoco lo hace.

Y que ya esté el visto bueno, el permiso, la autorización que, en realidad, salió desde Palacio Nacional, no garantiza nada. Faltan las vacunas. Rusia no ha mostrado, hasta ahora, capacidad para producir esos 24 millones de dosis que Vladimir Putin prometió a López Obrador generosamente.

Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le urge dar resultados, porque las elecciones serán el 6 de junio y no quiere caer más en las preferencias.

Sabe que ha cometido errores y que existe descontento con la forma como se ha manejado el combate al coronavirus y a la Covid-19.

Porque una cosa son las encuestas, en las que mantiene su popularidad en un rango que cualquier político, cualquier mandatario, desearía -entre 50 y 60 puntos- gracias al medio billón de pesos -500 mil millones de pesos- que regala a los mexicanos al año y otra es la realidad.

Ese voto duro que Andrés Manuel mantiene desde 2006, cuando Felipe Calderón le robó la elección presidencial, con el aval de los empresarios y de la mafia del poder, fluctúa entre 16 y 17 millones, a los que se sumaron en 2018 entre 5 y 6 millones de nuevos fieles y 8 millones de clase media y hasta alta, que creyeron en el cambio.

Esos 31.1 millones no volverán a votar ni por él ni por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en junio y él lo sabe. Lo saben en Palacio Nacional, porque las encuestas, los sondeos son constantes.

Porque la mayoría simple y la calificada en la Cámara de Diputados, que hoy alcanza con los tapetes y rémoras, con la alianza PRI-PAN y PRD está en riesgo.

Por eso López Obrador lleva prisa.

Por eso envió como preferente el proyecto de reforma eléctrica, en el que se rescata a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a costa de lo que sea.

Sin importar que las tarifas de energía eléctrica aumenten para el consumidor, porque, al final de cuentas, tendrá que subsidiar.

De lo contrario, las tarifas se dispararán (sí, más).

Los empresarios advirtieron ayer que esa reforma es una regresión, una expropiación disfrazada.

Preguntan a Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE y dueño de una treintena de inmuebles que rondan los mil millones de devaluados pero útiles pesos -es muy ahorrativo, no sea usted mal pensado- ¿cuál es el objetivo?, ¿qué se pretende?, ¿por qué acabar con los empresarios, con el capital privado y poner en riesgo la inversión y miles de empleos?

Porque la iniciativa, que prioriza a la CFE sobre el resto de los productores y las diversas formas de energía limpia y renovable, deja fuera de la competencia a los actuales.

Es una vuelta al estatismo.

Es populismo puro.

Y hasta el TMEC, nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, está en riesgo. Y ya vendrán más protestas, porque ya ha habido.

En el cuatrienio de Donald Trump, congresistas reclamaron a México que se margine a los empresarios y que no se respeten ni contratos ni la ley.

Sabedor de que su mayoría puede perderse en las elecciones de junio, quiere aprobar todo vía fast track.

Y así será, porque Morena tiene mayoría y por no ser reforma constitucional sólo se requiere la simple y no la calificada.

La historia tiene mucha cuerda.

Apenas inicia y terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde la llevarán la oposición y hasta los empresarios.

Vámonos:

Mientras los padres de los niños de la guardería ABC llevan aproximadamente 90 días al exterior de Bucareli a la espera de ser atendidos, en la subsecretaría de Derechos Humanos andan más preocupados por impedir la candidatura de Félix Salgado Macedonio, el senador con licencia de Morena acusado abuso sexual y violación.

Es candidato a Guerrero.

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario, y sus cercanos preparan un manifiesto Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias hacia las mujeres (GIEV) para fijar una posición antes que concluya el proceso interno en Morena para elegir candidatos.

Así operan las tribus morenistas.

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