PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional interpuesta por el gobierno de Chihuahua contra la distribución de libros de texto en esa entidad, con lo que esos materiales deberán ser distribuidos en escuelas públicas y privadas.
Durante la sesión de esta sala, los ministros aprobaron el proyecto presentado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que determinó que la demanda promovida por el gobierno de Chihuahua no aduce en ninguna forma violaciones a la constitución política por lo que el acuerdo para frenar la distribución de libros de texto gratuitos resulta ilegal.
“El poder ejecutivo del estado de Chihuahua carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional planteada”, señala la resolución avalada.
Por ello, los ministros determinaron declarar infundado el recurso presentado por la gobernadora María Eugenia Campos.
A su vez, la Consejería Jurídica del poder Ejecutivo federal también presentó alegatos en contra de la controversia constitucional presentada por el gobierno de Chihuahua, aunque estos ya no fueron analizados, pues al ser desechada la controversia resultó innecesario analizar la oportunidad y la legitimación en el recurso, así como los agravios propuestos.
En el análisis de la controversia constitucional 400/2023 también se dejó sin efecto la admisión de la demanda de controversia constitucional.
En su oportunidad, la Consejería Jurídica de la presidencia de la República solicitó darle prioridad a este tema, luego de que el ministro Luis María Aguilar suspendió la distribución de libros de texto gratuitos enviados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el periodo lectivo y escolar 2023-2024.
Añadió que el área jurídica del gobierno de Chihuahua mintió al asegurar que recibió para su distribución los libros de texto gratuitos el 20 de julio de 2023m cuando la primera entrega se le hizo el 21 de mayo de 2023.
Añadió que quedó demostrado que el Ejecutivo federal, por conducto de la SEP, dio cabal cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo decimotercero del artículo 3° constitucional y en el artículo 23 de la Ley General de Educación, ya que celebró asambleas, foros y reuniones con todas las entidades federativas y otros actores sociales involucrados con la educación para que expresaran su opinión, lo cual es falso.
