Diputados locales de Morena defendieron la propuesta de reforma constitucional para garantizar rentas justas en la Ciudad de México, al considerar que es un mecanismo para proteger a los ciudadanos y frenar la gentrificación, rechazando que afecte la propiedad privada.

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La iniciativa, que será discutida esta semana, contempla la creación de una Defensoría Inquilinaria, la cual protegerá tanto a arrendadores como a arrendatarios, aseguró Emilio Guijosa, presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso local.

Precisó que una de cada cuatro familias en la Ciudad de México vive en renta, y que los sectores de menores ingresos (entre 8 mil y 11 mil pesos mensuales) son los más afectados, mientras que la renta promedio alcanzó 14 mil 598 pesos en 2024 y hasta 19 mil pesos en alcaldías como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, lo que vuelve insostenible vivir en la ciudad para millones.

Guijosa subrayó que el problema se originó porque entre 2012 y 2018 se abandonó la política pública de vivienda, dejando de comprar suelo y de construir. Añadió que la iniciativa de la jefa de gobierno Clara Brugada responde al incremento sostenido de las rentas.

El legislador aclaró que la reforma no modifica la propiedad ni el traslado de inmuebles, sino que se enfoca en el arrendamiento para brindar certeza jurídica y evitar abusos.

La iniciativa eleva a rango constitucional el derecho a rentas justas mediante cuatro ejes: limitar el aumento de rentas conforme a la inflación del INEGI; garantizar el derecho al arraigo para evitar la expulsión de comunidades; crear la Defensoría de los Derechos Inquilinarios; y ampliar la reserva territorial para vivienda social. Se enfatiza que no hay expropiación, ni control arbitrario, sino la corrección de una falla de mercado para evitar que las personas sean desplazadas por no poder pagar.

En otro tema, tras la tragedia de Teotihuacán, donde un joven atacó a turistas el 20 de abril influido por ideologías de odio, la bancada de Morena señaló que esta violencia tiene causas profundas que deben atenderse.

La diputada Ana Buendía recordó el exhorto a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación para reforzar la atención psicológica en las escuelas. “La terapia no es un lujo, es un derecho”, afirmó.