Una vez que las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia aprobaron por mayoría el dictamen que propone la terna de candidatas a ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para el periodo 2024-2029, organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos exigieron a los legisladores que Rosario Piedra Ibarra sea retirada de la lista y no se le dé la oportunidad de buscar un segundo periodo.

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Desde las instalaciones del Centro Agustín Pro, aseguraron Piedra Ibarra, además de que no tiene el grado de Doctora y mucho menos estudios en Derecho, señalaron que durante su gestión no trabajó por defender a las víctimas a las que les fueron violentados sus derechos fundamentales, además de que nunca emitió ninguna recomendación a favor de las víctimas de la violencia por parte de las Fuerzas Armadas y negara también, las ejecuciones extrajudiciales.

Cuestionaron también su nombre en la terna, ya que, de las 48 personas entrevistadas, ella se ubicó en el último lugar de la lista por su falta de aptitudes y capacidad para mantenerse en el cargo.

A menos de ocho días de que tome protesta el próximo titular del organismo, y que, de acuerdo con el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, una vez que ya se recibió la terna, será “puesto a consideración de la Asamblea durante alguna de las sesiones de la siguiente semana”, las organizaciones que participaron en el parlamento abierto para elegir a quien lo presidirá, fueron más allá al señalar que sin que les constara la situación, parecía que su imposición en la terna se debió a una instrucción “de muy alto nivel” para que permita la militarización del país.

Bajo el reconocimiento de que poco se podrá hacer si los senadores, cuando suban al pleno la terna para su discusión y sea aprobada la ratificación de Piedra Ibarra, ya que quedó “debilitada” la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder acudir a ella en busca de impugnar su nombramiento, advirtieron sobre la necesidad de repetir el proceso.

Dentro de los argumentos que ofrecieron Raymundo Sandoval, de la Plataforma contra la Impunidad en Guanajuato e Itzel Checa, coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas, que participaron en el parlamento abierto que se realizó el pasado 24 y 24 de octubre, indicaron que la falta de experiencia para negociar, no cumplir con los 22 indicadores que las comisiones determinaron para valorar a los perfiles.

Advirtieron que Piedra Ibarra, en los parámetros tampoco cuenta con la experiencia, capacidad de diálogo con representantes de la sociedad civil y que incluso rechazó, durante su comparecencia a iniciarlo, “sin tomar en cuenta que no cuenta con independencia política o partidista”, así como tampoco está comprometida con la progresividad de los derechos humanos y carece de imparcialidad.

Señalaron que lo que esperan del próximo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una persona independiente y que luche por los derechos de las personas, que aseguraron han sido ignorados desde la administración que encabezó Andrés Manuel López Obrador.
En este sentido, indicaron que este gobierno, al llamarse “el segundo piso de la transformación” debería, la presidenta Claudia Sheinbaum, garantizar que el organismo sea independiente y no quede en dichos “el segundo piso”.

Consideraron que los nexos de un defensor de los derechos humanos, al tener nexos con partidos políticos o con el gobierno “generan una actuación parcial y el órgano se convierte en defensor del gobierno y no del pueblo”.

Por ello, señalaron que era lamentable que “la señal que mande el segundo piso de la cuarta transformación con las víctimas de derechos humanos sea apostarle a una gestión ineficiente y que ha sido omisa en distintos procesos”.

Finalmente, indicaron que el trabajo que hicieron las comisiones unidas del Senado fue una “simulación” y lo que se envía a la sociedad es un mensaje de desdén a la situación crítica que se vive en México en materia de defensa de los derechos humanos, por lo que pidieron a los legisladores rechazar la terna y que esta se vuelva a realizar con el cumplimiento de los 22 indicadores y con las personas que obtuvieron los puntajes más altos.