El pasado 14 de marzo, el gobierno federal presentó dos iniciativas a la Cámara de Diputados para regular las contrataciones hechas con recursos federales, y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró que algunas propuestas presentan retos en su implementación.
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El objetivo de las iniciativas es fortalecer la transparencia y la competencia en las contrataciones públicas a nivel federal, así como impulsar una mayor sostenibilidad y combatir la corrupción.
En el análisis de las modificaciones propuestas, el IMCO señaló que éstas se enfocan en problemáticas permanentes como el uso excesivo de la adjudicación directa, la discrecionalidad en la selección de contratistas y la participación de empresas riesgosas, y buscan atender la incorporación de cooperativas como proveedoras del Estado.
Pero para que los cambios legales propuestos sean efectivos en las compras públicas, advierte que el gobierno federal deberá “establecer manuales de procedimiento efectivos, hacer cambios organizacionales, destinar recursos a nuevos desarrollos tecnológicos, favorecer la coordinación”, entre otras acciones.
Así, destaca que en la digitalización de las compras públicas se propone crear la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas -reemplazando a CompraNet- y, dentro de ésta, establecer una Tienda Digital del Gobierno Federal que permitirá hacer asignaciones ágiles de bienes de uso común, como los insumos de papelería. Se debe garantizar que la nueva Plataforma utilice un software que se aloje en los servidores de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción.
De los proyectos estratégicos y participación de las Fuerzas Armadas (FA), se dice que las obras que hagan estarán fuera de la aplicación de la Ley de Obras Públicas, por lo que no habrán contratos sino convenios, y se mantiene el riesgo de opacidad.
“Para mitigar esta falta de transparencia se podría incluir un módulo en la nueva Plataforma Digital de Contrataciones que garantice la disponibilidad de los convenios entre entes públicos, incluidos los celebrados entre las instituciones y la Secretaría de la Defensa (Sedena), aun cuando sean considerados proyectos estratégicos”.
