Ricardo Peralta

El sistema electoral de nuestro país ha tenido diversas modificaciones desde que era una oficina dependiente de la Secretaría de Gobernación hasta su ahora autonomía constitucional traducida en el Instituto Nacional Electoral.

En las distintas legislaturas, tanto de diputados como de Senadores, se han presentado más de una centena de iniciativas que pretenden reformar nuestro sistema político electoral, sin embargo la más sólida y profunda es la presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en términos generales se refiere a lo siguiente:

1.- La creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

2.- Democráticamente se elegirán a los consejeros y magistrados electorales.

3.- Desaparición de todos los organismos políticos locales electorales y sus correspondientes tribunales.

4.- Reducir el número de diputados locales, regidores municipales y concejales de alcaldías, pasar de 500 a 300 diputados federales y de 128 a 96 senadores de la república.

5.- Como en otros países del mundo, implementar el voto electrónico.

6.- Reducir el tiempo de promoción de los partidos políticos y autoridades electorales en radio y televisión.

7.- Hacer que la revocación de mandato sea vinculante disminuyendo el porcentaje mínimo necesario a 33% de participación ciudadana.

8.- Reducir el financiamiento público de partidos políticos y mantener el presupuesto solamente para las campañas electorales.

9.-Eliminar la facultad de mantener el padrón electoral y solo limitarse a la lista nominal.

Con los pros y sus contras de cada una de las primordiales reformas que se pretenden impulsar, se debe partir de la base de que toda institución pública siempre será susceptible de reestructuración organizacional y financiera, y por ende en su marco normativo. Las bases de datos que hoy tiene el Instituto Nacional Electoral de la población electoral de México, deberían estar sometidas a las facultades del Consejo Nacional de Población y otras instancias de gobierno para hacer cruces informativos para el otorgamiento de otros derechos.

La elección de magistrados y consejeros electorales mediante el voto directo debe regularse para que quienes sean electos se encuentren fuera de cualquier influencia, interés partidista o grupo político. Esto le daría  a las instituciones electorales, más allá del texto constitucional, una auténtica autonomía política, de gestión, administrativa y operativa.

La centralización local por cada entidad federativa para elegir diputados y senadores, fortalece la soberanía de los estados y la presencia de liderazgos más allá de una supuesta representación federalista.

Los partidos políticos en la historia de México se han convertido en instituciones de financiamiento para proyectos políticos y personales, lo que los ha alejado de su misión primordial que es la de crear coincidencias ideológicas, fomentar la politización de la población y el impulso de cuadros políticos necesarios para la democracia del país, por lo que evitar su financiamiento público en años no electorales provocará que en la regulación se les proporcionen alternativas de autosustentabilidad y autosostenimiento, donde la fiscalización debe jugar un papel fundamental para evitar el lavado de dinero y otros delitos.

En los países donde se ha implementado el voto electrónico se amplía el espectro de la democracia y, aunque el acceso a internet aún no es pleno en todo el país, se tendrá que garantizar la cobertura nacional antes de pensar en este propósito, que sin duda transparenta y magnifica la participación ciudadana y los derechos políticos.

El trabajo de la oposición ha sido oponerse a cualquier propuesta del Ejecutivo Federal, la realidad es que su presencia en los órganos de representación popular está cada vez más disminuida, la aprobación de esta reforma es su oportunidad para congraciarse con la sociedad mexicana y la democracia.