Laura Ballesteros

La semana pasada, varias legisladoras de Movimiento Ciudadano presentamos amparos en contra de la Reforma Judicial. En estos amparos, combatimos decenas de irregularidades en el proceso legislativo de la Reforma Judicial. Las más graves irregularidades fueron que Morena, en el intento de imponer su aplanadora sin escuchar a sus simpatizantes, hizo votaciones ilegales en la Cámara de Diputados y en el Senado. 

En la Cámara de Diputados, primero nos impidieron el acceso a varias legisladoras de la oposición. Cuando logramos entrar, aunque varios compañeros solicitaron que se verificara el quórum porque faltaban diputados (en su lugar, había choferes, asesores y otras personas), nunca se verificó que hubiera suficientes diputados para sesionar. No solo eso, en algunos casos a varios colegas se nos impidió el paso a la sede alterna, contrario a legisladores del régimen que fueron transportados al interior incluso por personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

En el Senado, la cosa fue más grave. Un senador, Daniel Barreda, estaba privado de su libertad, uno más, Luis Donaldo Colosio, fue rociado de gasolina y otros más fueron extorsionados por el régimen. Claramente no había condiciones para sesionar: ni siquiera estaba garantizado que los senadores votaran con libertad. A pesar de eso, impusieron la votación.

Lo quiero decir con todas sus letras: una reforma así es completamente inconstitucional. Y no solo es por el hecho de haber incumplido el procedimiento de Reforma Constitucional en varias ocasiones (suficiente para invalidar cualquier proceso de reforma), lo es también porque la Constitución no puede reformarse para autodestruirse.

Así como sería inconstitucional una reforma que establezca una monarquía en México, también es inconstitucional una reforma que destruye la división de poderes, que es el principal mecanismo para frenar el autoritarismo y el abuso de poder por parte del Ejecutivo.

Estos son algunos de los argumentos que convencieron a un Juzgado en el Estado de Querétaro para suspender una parte de la reforma judicial: el artículo octavo transitorio. Ese artículo establece que deberá copiarse en las constituciones locales la Reforma Judicial de la Constitución Federal.

Así como se pretende destruir el Poder Judicial de la Federación destituyendo a todos los jueces para sustituirlos con políticos de Morena, la reforma judicial obliga a los estados a implementar el mismo modelo en los poderes judiciales locales.

Sin embargo, con este amparo, se logra frenar la reforma a nivel local para que ningún juez ni magistrado sea destituido. También impide que los Congresos locales reformen sus constituciones, por lo que no podrán implementarse otras partes dañinas de la Reforma Judicial (por ejemplo, los jueces sin rostro locales).

La suspensión, no solo es importante para proteger los derechos de las personas juzgadoras en los poderes locales, también lo es porque es una gran ventana de oportunidad para que los estados reformen sus constituciones y busquen mejorar la impartición de justicia en lo local. Esta es una oportunidad para poder realizar cambios normativos e institucionales que, contrario a lo que nos pretenden vender con la Reforma Judicial del expresidente, realmente le garantice el derecho al acceso a la justicia a todas las personas.

Seguiremos aquí luchando hasta el final como lo hemos dicho desde que inició este intento por cooptar al Poder Judicial. Vamos a defender al Poder Judicial hasta el final. Vamos a defender la última trinchera ante la concentración del poder. Vamos a defender nuestra república y nuestro futuro.