Marco Baños
En escenarios propicios para fortalecer nuestra democracia hemos impulsado ajustes periódicos a las reglas del juego político electoral que han permitido actualizar la normativa, ponerla al día con las nuevas exigencias y retos que impone la realidad, avanzar en la generación de condiciones para que haya cancha pareja y ampliación de derechos de la ciudadanía con una visión incluyente y progresiva.
De 1990 a la fecha sumamos seis reformas sucesivas caracterizadas por la construcción de acuerdos, por consensos logrados entre los actores políticos, sobre iniciativas generadas en la oposición y recibidas con una visión respetuosa y negociadora del oficialismo en turno. Esta es la primera ocasión, después de treinta y dos años de logros democráticos, que la iniciativa para modificar instituciones y reglas electorales proviene del poder y es, también, la primera que se discute en un clima de enorme polarización, con expresiones diversas, a favor y en contra, de distintos actores, grupos sociales e instituciones.
Ahí está el lamentable posicionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que propone reivindicar nuestro derecho a la democracia transformando al INE, cuando la constitución expresamente dice que no tiene competencia en temas electorales; o la opinión de la Comisión de Venecia que sin ser vinculante, nos dice que la iniciativa presidencial pone en peligro la autonomía de los órganos electorales y mermaría la confianza ciudadana en las elecciones; o la postura de la iglesia que reflexiona sobre los peligros que entraña la iniciativa.
No hay ambiente propicio para desahogar una reforma electoral que tenga como eje la propuesta del presidente. Bajo el popular y redituable argumento de la austeridad está el objetivo implícito de controlar a las autoridades electorales que, pese al asedio del que son víctimas, cumplen su delicada tarea organizando elecciones con altos estándares de calidad, con credibilidad y autenticidad; arbitrando contiendas con apego a principios de la función electoral y siendo un garante de la democracia mexicana.
La iniciativa del oficialismo, busca destruir los avances de tres décadas. Al pretender la centralización de todas las elecciones, con la consecuente desaparición de institutos y tribunales locales, busca generar condiciones que le aseguren el triunfo en 2024 con el control del aparato electoral, empobrecido y disminuido en atribuciones y estructura. Otra vez, el INE o INEC después, no puede hacer elecciones de casi 2 mil 500 municipios con su estructura y recursos actuales. Tendría que crecer y ello anula la falsa premisa del ahorro automático y, sobre todo, atenta contra las bases del federalismo mexicano.
La propuesta que transformaría el modelo de representación política desapareciendo el principio de elección de mayoría relativa, aparte de que genera condiciones para la sobrerrepresentación del partido mayoritario, abona a la desaparición de los partidos minoritarios y anula la posibilidad de representar adecuadamente la diversidad y pluralidad del país en los congresos, pero al mismo tiempo, suprimiría al servicio profesional electoral estructurado por el IFE-INE en las cabeceras de los 300 distritos, la base de profesionales que organiza los procesos comiciales y que son garantía de eficacia operativa y técnica en las elecciones y que solo serían reclutados de manera temporal e improvisada. ¿Esa es la reforma que se necesita?
Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
