Demanda histórica de las mujeres ha sido su derecho a saber, a conocer, tanto como a disfrutar un clima de  libertad de expresión. Trabajaron más de 100 años por su ciudadanía y demandaron su  derecho a estar informadas. Durante las últimas décadas sostuvieron que la rendición de cuentas era también su derecho, contra toda opacidad gubernamental. Han exigido recursos para asuntos tan vitales como el combate a  la violencia machista y el desarrollo de las propias mujeres.

Respecto del uso de recursos con enfoque de género, existe desde hace 42 años la organización Economistas feministas de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID),  una organización  internacional creada  para brindar apoyo  a los movimientos que trabajan para lograr la justicia de género. Su eje sustantivo es vigilar y preguntar a los gobiernos ¿dónde está el dinero para las  mujeres?Con  análisis e investigaciones ha esclarecido el estado del financiamiento para  la igualdad entre hombres y mujeres en todo el mundo.

Ahí están asociadas algunas mexicanas, quienes promovieron la creación de mecanismos de rendición de cuentas independientes, sostenibles y transparentes, para saber e interpelar, en su caso, a gobiernos y donantes internacionales.

Por eso es que importa y preocupa a las mujeres la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que pasará a ser controlado por el Poder Ejecutivo, que será juez y parte en materia de transparencia, contraviniendo la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y a las recientes reformas sobre igualdad sustantiva. El decreto minimiza el derecho a saber de toda la población, 50 por ciento  mujeres, condenándonos nuevamente al silencio milenario. 

Esto es tan grave como la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval), cuyas funciones, se acordó en la Cámara de Diputados,  las hará Inegi. Como si fueran lo mismo la estadística y la evaluación.

México firmó con 189 gobiernos del mundo la obligación de rendir cuentas y promover la transparencia, lo que  hoy, según el PNUD, son vitales para la ejecución eficaz de los compromisos con la igualdad de género, ésos que convalidó el gobierno de AMLO durante  el foro Generación Igualdad, del que fue co-patrocinador.  

La decisión parece esquizofrénica. Por una parte se enarbola una decisión política por la igualdad entre hombres y mujeres, empujada para que sea real o sustantiva y  ahora resulta  que como en el siglo XVIII, según testimonios de la rebelión de las monjas, hay que impedir a las mujeres el conocimiento y, de paso, callarlas.

El acceso a la información dota a las mujeres de mecanismos para proteger sus derechos, reclamarlos y hacerlos efectivos. Vía el INAI, hasta ahora, como toda la ciudadanía, contaban con las herramientas para obtener información para ejercerlos  a plenitud.  

En México el  derecho a la información fue introducido en la Constitución a través de una reforma por adición al artículo Sexto publicada en DOF el 6 de diciembre de 1977, entonces se le pensó para que los medios de comunicación informaran bien a las y los mexicanos.

Ese derecho se perfeccionó al crearse el INAI y el Coneval, que acompañarían con  mapas y evaluaciones la política social para medir la eficacia de las medidas para reducir la violencia contra las mujeres, su acceso a la salud y delinear rutas de oportunidades  para su desarrollo. Desaparecer ambos organismos es un desatino, irreflexivo y antidemocrático; acción que pudiera generar un daño fatal. Veremos.

Periodista, Editora de Género en la OEM y directora del portal informativo http//www//semmexico.mx