PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Suprema Cortes de Justicia de la Nación/Cuartoscuro.com

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, abrió el periodo de sesiones de este año 2024 enumerando los pendientes por resolver y anunciando que el próximo jueves, en sesión solemne será recibida la ministra Lenia Batres Guadarrama, para integrarse a los trabajos del poder Judicial.

En la breve sesión, explicó que el pleno tiene listados para su análisis y resolución diversos asuntos relevantes tanto para el ejercicio de los derechos y libertades de las y los mexicanos, así como para la definición de los pesos y contrapesos que establece la Constitución, para el adecuado funcionamiento del Estado constitucional y democrático de derecho que nos define como país.

Detalló que en las primeras sesiones de enero se abordará si una procede una declaratoria general de inconstitucionalidad es procedente cuando en un amparo en revisión se ha declarado la existencia de una omisión legislativa absoluta, es decir, si es posible emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad ante la omisión en que incurre el Congreso de la Unión, o una legislatura local, al abstenerse de emitir una ley en cumplimiento de un mandato constitucional.

También se abordará el conflicto de límites territoriales conocido como los Chimalapas, en la cual se cuestiona si es necesario aclarar dicho fallo en la parte en que se fijaron las coordenadas geográficas relativas al Cerro de los Martínez.

En relación con el alcance del derecho de acceso a la información pública, destaca un recurso de revisión en materia de seguridad nacional cuyo análisis permitirá determinar si resulta apegado a derecho la resolución del INAI, que mandata entregar una versión pública de los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables relacionados con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus.

A través de la resolución de diversas acciones de inconstitucionalidad, la Corte deberá pronunciarse sobre la validez de la definición de la llamada violencia vicaria y sus consecuencias jurídicas, incluso en el ámbito penal.

El análisis de la validez de la Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio del Estado de Michoacán, vía una acción de inconstitucionalidad, permitirá fijar criterios relevantes sobre el alcance del derecho de participación de las mujeres en la vida política y, en su caso, la necesidad de una consulta pública para conocer su opinión sobre el contenido de una ley de esa naturaleza; incluso, sobre el ámbito dentro del cual las legislaturas locales pueden legislar para prevenir y erradicar el feminicidio sin invadir la esfera reservada a la Federación en materia procesal penal.

Asimismo, precisó que se analizará la Ley de Hidrocarburos, para analizar la validez de un requisito para el otorgamiento de permisos para almacenamiento de hidrocarburos, así como la de la nueva atribución de la autoridad para suspender los permisos expedidos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional.

También se desahogará la acción de inconstitucionalidad sobre la eliminación de fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura orgánica que servían como vehículos para distribuir el gasto público, para determinar si implica alguna transgresión al principio de progresividad en su vertiente de no regresividad, dada su trascendencia a la eficacia de algún derecho humano.

El análisis de otras acciones de inconstitucionalidad en las cuales se impugna la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal, con motivo de reformas que atienden a lo establecido al respecto en el T-MEC, permitirá fijar relevantes criterios sobre el alcance y la validez tanto de las medidas tecnológicas de protección de los derechos de autor y de los derechos conexos respectivos.

“En este sentido, los asuntos a los que me he referido representan solamente algunos de aquellos ya incorporados en la lista de resolución, misma que, insisto, podría modificarse a partir de diversos factores, como, por ejemplo, la recepción en la secretaría general de acuerdos, de asuntos de resolución prioritaria”, subrayó.