“Chinguen a su madre, qué manera de legislar“, decía el fallecido Porfirio Muñoz Ledo en 2019, durante el debate para elegir la nueva presidencia de la Cámara de Diputados. Una frase que hoy describe con precisión al Congreso dominado por Morena: procesos legislativos atropellados, congelados o torcidos según convenga.
SALARIOS EN EL LIMBO
La presidenta Claudia Sheinbaum, en un intercambio con la periodista Reyna Haydee, adelantó que pronto se publicará la reforma de salarios dignos.
Esta reforma constitucional fue presentada por López Obrador en febrero de 2024, junto a un paquete que incluía la judicial y la de la Guardia Nacional.
Plantea dos cambios clave: 1) Que los aumentos anuales al salario mínimo nunca estén por debajo de la inflación. 2) Un salario base para maestros, médicos, enfermeros, policías, Guardia Nacional y soldados, equivalente al promedio mensual del IMSS: más de 18 mil pesos.
La reforma fue aprobada en Diputados y Senado a finales de 2024, y validada por 31 Congresos locales. Sólo faltaba un trámite: declararla constitucional en una sesión del Congreso o la Comisión Permanente. Un paso que lleva meses congelado.
El diputado Pablo Vázquez Ahued (MC) reclamó varias veces el trámite, pero fue frenado por Gerardo Fernández Noroña (Morena), presidente del Senado, con el argumento de que “faltaban oficios” de Congresos locales. Vázquez demostró que el requisito estaba cumplido. Fue ignorado.
El legislador recurrió a otros medios, como mandar oficios a Palacio Nacional, e incluso viajó a La Chingada -rancho de AMLO- para entregar la petición. El diputado Rubén Moreira (PRI) se sumó después a este reclamo.
En los pasillos del Congreso se comenta la verdadera razón de la demora: afectaciones a las finanzas públicas que implicaría aplicar de inmediato el aumento. Una postura que comparte Moreira. Y por cierto, gracias a este atraso se impidió que entrara en vigor en 2025.
Ahora, con la declaración de Sheinbaum, falta ver si Noroña seguirá congelando el tema o si, milagrosamente, aparecerán los oficios “faltantes” para publicarla.
LEGISLAR A GOLPES
No es el único caso de irregularidad en el proceso legislativo. Ahí está el plan B electoral: aprobado en horas, sin que la mayoría leyera el dictamen, y con dos versiones distintas del mismo documento.
O la ratificación de Rosario Piedra en la CNDH con 116 votos… cuando sólo había 114 senadores presentes. Y el viernes negro del Senado: 20 reformas aprobadas en periodos de 10 minutos, en una sede alterna, sin debate, sin lectura de dictámenes, sin quórum verificable y con la oposición ausente.
Y luego se preguntan, en Palacio Nacional y en el Congreso, por qué la Suprema Corte les tumba tantos proyectos legislativos.
SIN FRENO NI CONTRAPESO
Hoy, Morena y aliados tienen mayoría calificada en ambas cámaras. No hay incentivos para respetar procesos. La oposición no tiene los números para impugnar reformas con irregularidades ante la Corte.
Y si llegara a ocurrir de milagro, el nuevo pleno judicial -ya con mayoría vinculada a Morena– difícilmente invalidará una reforma, como sí ocurrió con el plan B o de la Guardia Nacional.
La frase de Muñoz Ledo sigue más vigente que nunca, lamentablemente.
EL DATO INCÓMODO
En 2026, los seis partidos nacionales recibirán 7 mil 737 millones de pesos en financiamiento público, 382.9 millones más que este año. Morena encabeza la lista con 2 mil 615.7 millones; el PAN recibirá mil 297.8 millones y el PRI, 982 millones, según el anteproyecto del INE. La cifra podría bajar si se aprueba una reforma electoral que contemple recortes a esta bolsa el próximo año.
