Con menos tropiezos que en su primera sesión, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó diversas acciones de inconstitucionalidad contra leyes municipales de diversas entidades, relativas al cobro por copias de documentos oficiales que son solicitadas por los ciudadanos.
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Y aun con la nueva integración del pleno de la Corte, la ministra Lenia Ortiz Batres no logró que su proyecto de sentencia fuera aprobado, pues siete de sus compañeros votaron en contra de su propuesta.
La propuesta de la ministra Lenia Batres, relativa a la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH, proponía validar la constitucionalidad de la norma que aprobó el Congreso de Colima, en donde definió cobrar las copias de los expedientes en 113 pesos la primera hoja certificada y 9 pesos cada hoja posterior.
La CNDH impugnó esta norma general y pidió la invalidez de esta norma, lo que fue concedido e incluso los ministros consideraron que se tienen que establecer parámetros sobre los cobros de estas copias fotostáticas, pues no puede haber montos tan dispares.
En otro caso, la Corte resolvió cuatro controversias constitucionales, con el proyecto de ministra Loretta Ortiz Ahlf, que declaró inválidos diversas disposiciones de leyes de ingresos de algunos municipios del estado de Coahuila, que establecían cobros por licencias de construcción y funcionamiento relacionadas con gasoductos, pozos de hidrocarburos y centrales generadoras de energía eléctrica.
El pleno consideró que los municipios tienen facultades para regular el uso de suelo y expedir licencias de construcción ordinarias, pero no pueden gravar actividades estratégicas reservadas a la Federación.
La ministra señaló que en materia de hidrocarburos y energía eléctrica, la Constitución establece que la competencia es exclusiva de la Federación, tanto en lo legislativo como en lo contributivo y operativo. La pretensión de los municipios de someter a cobro infraestructura energética era una clara invasión de competencias, pues su regulación corresponde únicamente al Congreso de la Unión y al ejecutivo federal.
