Ante la polémica generada por la adquisición de camionetas blindadas para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo costo ronda los dos millones de pesos, estos anunciaron que no las utilizarán y solicitarán que sean devueltas o bien asignadas a juzgadores que están en riesgo por su actividad.

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La Corte dio a conocer a través de sus redes sociales que seguirán aplicando las medidas de austeridad a las que se comprometieron desde su llegada al Poder Judicial, así como el uso eficiente de los recursos públicos.

“Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta #SCJN informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”, señaló la SCJN en su cuenta de X.

Anunciaron que esta información se reiterará este lunes en una conferencia de prensa, para que la ciudadanía esté al tanto de este proceso, y reiteraron que sus acciones se apegan a la normatividad aplicable.

“Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera. Con el fin de precisar la información, se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones de este máximo tribunal”, acotó.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) señaló esta misma semana que ha adoptado medidas concretas de racionalización del gasto, incluyendo homologaciones salariales y la eliminación de prestaciones injustificadas y no relacionadas con la labor institucional para los niveles superiores.

Detalló que la sustitución del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación se autorizó porque presentaba fallas recurrentes, y estuvo orientada además con criterios técnicos, de seguridad, financieros y operativos.

Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta #scjn informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan…

— Suprema Corte (@SCJN) January 25, 2026

Precisó que entre 2022 y 2025, el entonces Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) operaron bajo un esquema de arrendamiento de 445 automóviles, lo que habría implicado un gasto de 366.2 millones de pesos por año, con contratos de al menos tres años de vigencia.

Ante este escenario, se optó por una inversión de 252 millones de pesos en el último trimestre de 2025 para la adquisición de 571 vehículos de distintos tipos, que cubrirán a partir de 2026 las necesidades de movilidad del Poder Judicial.

Insistió en que esta inversión equivale al 68.8 por ciento del costo de un solo año de arrendamiento e implica un ahorro estimado de mil 98 millones de pesos en los años 2026 al 2028.

Precisó que de las unidades adquiridas, 124 son híbridas y/o eléctricas, lo que permitirá reducir aproximadamente en un 30 por ciento el gasto en combustible, además de disminuir el impacto ambiental. Asimismo, los costos de mantenimiento se reducirán en al menos un 70 por ciento en comparación con los modelos anteriores.

Finalmente, subrayó que se tuvo conocimiento de diversos incidentes de seguridad, derivados del uso de unidades que ya no ofrecían condiciones adecuadas de protección para sus usuarios.