RITA MAGAÑA
Foto: Cuartoscuro
A unque el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) se presenta en México desde 1970, al menos un millón 800,000 personas se han mudado de su lugar de origen desde 2018, debido a la delincuencia y a la inseguridad.
Así lo revela un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, que cita cifras del Censo de Población y Vivienda y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
Pese a la gravedad del problema, el Congreso de la Unión no ha conseguido una ley que proteja a las víctimas, y tiene en la congeladora cinco iniciativas.
Un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del IBD apunta que, tan solo de enero de 2016 a mayo de 2021 hubo 138 episodios de desplazamiento masivo ocasionados por violencia, que obligaron a más de 75 mil personas a desplazarse internamente.
El documento titulado “Algunos aspectos sobre el desplazamiento forzado interno: países seleccionados”, elaborado por los investigadores Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, precisa que durante ese periodo, las entidades que concentraron 91 por ciento son Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa.
ATENCIÓN A DESPLAZAMIENTO
Asimismo, la investigación refiere que, hasta el momento, solo Chiapas, Guerrero y Sinaloa han aprobado leyes para la prevención y atención del desplazamiento interno.
Por otro lado, destaca que apenas el pasado mes de septiembre, la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Cecilia JimenezDamary, urgió a instituciones nacionales y gubernamentales la creación de las leyes necesarias para prevenir el desplazamiento y proteger a las víctimas.
Además, coincidió en que es necesario crear un registro federal de víctimas de desplazamiento interno para crear conciencia y asignar un presupuesto suficiente para brindarles atención.
El 29 de septiembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y actualmente se encuentra pendiente en el Senado de la República.
LEYES PENDIENTES
En las dos últimas legislaturas a nivel federal (LXIV y LXV), refiere la investigación sobre el tema del IBD, diputados federales y senadores de distintos partidos políticos han presentado, de 2019 a la fecha, al menos cinco iniciativas que proponen la expedición de una ley específica en la materia que siguen pendientes de aprobación.88909oop
De las cinco iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados y de Senado que buscan introducir medidas a nivel nacional para atender a la población desplazada internamente, destaca la que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de septiembre del 2020 y pendiente de aprobación por el pleno del Senado en calidad de cámara revisora.
Las propuestas en análisis, con distintos nombres de la ley nacional pendiente de aprobación por el Congreso federal, han sido presentadas por los senadores Nestora Salgado y Ricardo Monreal Ávila, de Morena; Clemente Castañeda (MC); Emilio Álvarez (sin partido) y los exdiputados federales morenistas Rocío Barrera y Ulises García Soto.
SISTEMA OFICIAL DE REGISTRO
Además de los datos ofrecidos por el Censo de Población y Vivienda y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), “se requiere de un sistema oficial de registro de personas desplazadas, que posibilite conocer, de forma certera, todo el número de personas que se encuentra en esta situación’’, porque “la falta de este registro complica la realización de una documentación, análisis y planeación integral de atención del Desplazamiento Forzado Interno”, establece.
Con base en cifras de la ENVIPE, el informe consigna que la población que cambió de vivienda o del lugar de residencia, de forma planificada o abrupta, con el ojbetivo de protegerse de los grupos delictivos osciló entre 800,000 el año pasado y casi 1 millón 800,000 personas en el 2018.
“Debido a los altos niveles de los hechos delictivos y de la violencia, la población ha reaccionado de diversas maneras, desde dejar de salir por las noches y refugiarse en sus viviendas, evitar portar objetos de valor, hasta mudarse de residencia o incluso de ciudad’’, agrega.
