La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 personas morales— por su presunta participación en un esquema de fraude mediante “tiempos compartidos”, con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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En este tenor, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que de manera complementaria incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.

Precisó que la acción anunciada por el Departamento del Tesoro se inscribe en los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit.

Agregó que se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a sus atribuciones legales.

En el ámbito nacional, la dependencia federal aseveró que la UIF ha desarrollado análisis financieros, fiscales y corporativos respecto de los sujetos involucrados, identificando flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del país.

“La ampliación de medidas restrictivas, tanto las derivadas de la designación internacional como las implementadas a nivel nacional, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos”.

La SHCP, a través de la UIF, aseguró que mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Ello, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.