La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 24 sujetos: cinco personas físicas y 19 personas morales, por su presunta participación en un esquema de fraude mediante “tiempos compartidos”, con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Dichas sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los señalados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a personas o entidades de Estados Unidos realizar transacciones con ellos, salvo autorización expresa de OFAC.

En este tenor, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que de manera complementaria incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), a siete sujetos: 6 personas físicas y 1 persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.

Agregó que se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a sus atribuciones legales.

En el ámbito nacional, la dependencia federal aseveró que la UIF ha desarrollado análisis financieros, fiscales y corporativos respecto de los sujetos involucrados, identificando flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del país.

“La ampliación de medidas restrictivas, tanto las derivadas de la designación internacional como las implementadas a nivel nacional, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos”.

La SHCP, a través de la UIF, aseguró que mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Ello, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.