Sedena debe informar sobre casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú vs. México: INAI

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá buscar y dar a conocer toda expresión documental que dé cuenta de las acciones desarrolladas para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por los casos Fernández Ortega y otros vs. México, y Rosendo Cantú y otra vs. México, consistentes en programas o cursos permanentes y obligatorios de capacitación y formación en derechos humanos.

Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y precisó que la información deberá incluir los límites en la interacción entre el personal militar y la población civil, género y derechos indígenas, dirigidos a los miembros de las fuerzas armadas, en todos los niveles jerárquicos, para el periodo del mes de septiembre de 2010 a 2015, así como del año 2017 al 2019.

En respuesta a una persona que requirió esa información, el sujeto obligado indicó que las acciones realizadas, a partir de septiembre de 2010, para dar cumplimiento a las referidas sentencias, se encontraban contenidas en la página de internet de la Corte IDH, y proporcionó el enlace correspondiente.

Inconforme, la persona solicitante interpuso recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la respuesta estaba incompleta, toda vez que en la página solo es posible consultar información del 2019; sumado a que uno de los documentos disponibles hace referencia a un “Anexo 4”, del cual únicamente se puede consultar uno de los tres ejemplares de los informes que dice contener.

En alegatos, la Sedena reiteró su respuesta original y aseguró que las acciones para dar cumplimiento a las sentencias de interés del particular, no son informadas directamente a la Corte IDH, sino que el orden jurídico mexicano prevé el procedimiento mediante el cual las autoridades del país coadyuvan para atender y dar seguimiento a los requerimientos de los organismos internacionales de derechos humanos.

Precisó no tener ninguna injerencia en la información que se sube al portal de la Corte IDH.

En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena consideró que el agravio del particular resultó fundado, toda vez que el portal de referencia no contiene la totalidad de la información del periodo de interés del particular, pues sólo se puede consultar un informe detallado respecto del año 2016, y que el “Anexo 4” solo cuenta con uno de los tres ejemplares que se mencionan en el informe.

En ese sentido, la ponencia advirtió que, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, y la Dirección General de Derechos Humanos, unidades administrativas a las que se turnó la solicitud de acceso, no activaron el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, pues solo se limitaron a entregar un vínculo electrónico.

Asimismo, aunque la Sedena tenga o no injerencia en la información que se sube al portal de la Corte IDH, se apuntó, eso no la exime de contar con la información requerida, pues a través de esas tres unidades administrativas, desarrolla los programas o cursos permanentes en materia de derechos humanos dirigidos a los miembros de las fuerzas armadas. También genera las constancias y registros para que, posteriormente, a través del procedimiento establecido en el orden jurídico nacional, el Estado mexicano pueda hacer valer dichas acciones ante la Corte IDH.

Se informó que la ponencia localizó información pública que da cuenta de acciones de capacitación y formación de personal en materia de derechos humanos, desarrolladas por la Sedena desde el 2012 a la fecha.

Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada Ibarra Cadena recordó que, en los dos acontecimientos registrados en 2002, entre otras conductas violatorias de derechos humanos, se ejerció violencia sexual contra mujeres indígenas por personal castrense.

“Ambos casos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, en sus sentencias correspondientes, sostuvo que el Estado Mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, por el incumplimiento de los deberes de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”, precisó.

Dicha búsqueda deberá efectuarse en la totalidad de las unidades administrativas competentes, en las que no podrá omitir al Estado Mayor de la Defensa Nacional, a la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, y la Dirección General de Derechos Humanos.

Asimismo, deberá buscar y entregar los informes elaborados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de los años 2017 y 2018, con motivo de los convenios de colaboración celebrados con dicha institución para la capacitación de personal militar en materia de género.