AIDA RAMIREZ

Foto: Cuartoscuro

Los avances de México en materia de combate a la corrupción son lentos, pues, según el Índice de Percepción de Corrupción, de 1995 a 2021, el país solo avanzó un punto al pasar de 31 a 32, colocando al país “en el tercio de países con más corrupción en el planeta”.

Así lo señaló la comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, en donde el Pleno del Instituto instruyó a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dar a conocer el número de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la falta de casi 900 millones de pesos pagados a empresas que no prestaron sus servicios o dejaron de hacerlo, lo cual fue detectado en auditorías.

También, el sujeto obligado debe indicar el número de carpeta de investigación iniciada; las acciones jurídicas para recuperar los recursos; la cantidad de demandas mercantiles presentadas, señalando el número de expediente y autoridad que conoce del asunto.

En caso de no haber presentado ninguna, el motivo y fundamento de por qué no se ha hecho, y si existen otros procedimientos jurídicos iniciados para recuperar los montos faltantes.

Al presentar el caso, Ibarra Cadena destacó que, a tres años del surgimiento de Segalmex, apenas el pasado 18 de agosto, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, dio a conocer que se integraría un grupo de trabajo interinstitucional para investigar y dar seguimiento a presuntos actos de corrupción en dicho organismo.

Detalló que la SFP tenía abiertos 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas y que alrededor de nueve mil 500 millones de pesos estaban en proceso de revisión, aclaración, documentación o, en su caso, recuperación.

Una persona solicitante, inconforme porque SEGALMEX declaró la inexistencia de la información, presentó un recurso de revisión ante el INAI; y en el análisis del caso, a cargo de la ponencia de Ibarra Cadena, se advirtió que la inexistencia de la información manifestada por Segalmex no fue fundada ni motivada y, además, se encuentra en disonancia con lo determinado en las auditorías de cumplimiento, practicadas por la Auditoría Superior de la Federación.

En el caso de la auditoría 327-DE, se constató que, en el numeral “9. GASTOS”, derivado del análisis al proceso de adjudicación de tres contratos celebrados con dos empresas, se observaron diversos incumplimientos contractuales en contravención a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tema de interés de la persona solicitante.

Asimismo, se verificó que, en el dictamen de dicha auditoría, emitido el 28 de enero de este año, se concluyó, en términos generales, que Segalmex no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.

Lo anterior, ya que, en la revisión de tres contratos y de un convenio modificatorio, se detectó, entre otras cuestiones, que no se proporcionó evidencia de los informes y de los trabajos de campo, por tanto, no se acreditó la prestación de los servicios por más de 909 millones de pesos; y, en un contrato de fletes, se identificaron pagos por servicios realizados fuera de la vigencia por más de nueve millones de pesos, así como penalizaciones no aplicadas por más de dos millones de pesos.

De ahí que se concluyó que la respuesta de Segalmex es inconsistente, pues al menos, cuenta con información de 2020 y, sobre 2021 y 2022, no se tiene certeza de que haya hecho una búsqueda exhaustiva y razonable de lo solicitado.

Aunado a ello, se advirtió que no consultó a todas sus unidades administrativas competentes, como la Unidad de Administración y Finanzas y la Subgerencia de Contabilidad Financiera, áreas encargadas de integrar los informes para atender los requerimientos de los órganos fiscalizadores, así como de solventar las observaciones resultantes de las auditorías.