Senado analiza desacato de gobernadora de Chihuahua y renuncia de César Jáuregui: Ignacio Mier

La renuncia del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, evidencia una admisión de responsabilidad tras las irregularidades en el caso de la presencia de agentes extranjeros en la entidad, mientras que la inasistencia de la gobernadora al Senado será señalada como un desacato en el plano político-institucional; el caso ya es investigado por la Fiscalía General de la República, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco.

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Explicó, en conferencia de prensa, que los hechos se hicieron públicos a partir de un accidente que evidenció la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua, lo que derivó en una serie de inconsistencias en la actuación de la fiscalía estatal. Señaló que la primera reacción del entonces fiscal fue emitir información falsa y posteriormente incurrir en contradicciones.

Entre estas, mencionó la versión de que los agentes “estaban pidiendo un ride”, la cual fue modificada posteriormente sin claridad, lo que contribuyó a generar un escenario de confusión.

Indicó que estos cambios en la narrativa y la falta de precisión derivaron en una crisis institucional en el gobierno estatal, al no existir una conducción clara ni una estrategia jurídica adecuada para atender el caso.

Mier Velazco sostuvo que, en lugar de canalizar el asunto conforme a la ley, el gobierno estatal optó por crear una unidad de investigación propia, lo que calificó como una decisión que transgrede el marco legal, al tratarse de hechos que corresponden al ámbito federal.

Señaló que, al tratarse de posibles delitos federales, la carpeta debió integrarse a través de la Fiscalía General de la República en el estado, mediante las fiscalías estatales federales, lo cual no ocurrió.

Señaló que la creación de esta unidad constituye una violación al marco legal vigente y agrava el problema institucional en el que se encuentran las autoridades estatales.

En este contexto, hizo referencia a la Agencia Estatal de Investigación (AIE), cuyo mando —según la información difundida— habría sido el único que tenía conocimiento de la presencia de los agentes extranjeros y que falleció en el accidente. El senador advirtió que esta versión debe analizarse con rigor y pidió cautela para evitar que se construyan explicaciones que no puedan ser verificadas, al tratarse de una persona que ya no puede responder.

Asimismo, indicó que el propio oficio enviado por la gobernadora reconoce la creación de la unidad de investigación, lo que confirma que los funcionarios involucrados dependen directamente del Ejecutivo estatal.

Respecto a la gobernadora, señaló que su inasistencia al Senado, tras haber sido convocada, será considerada en el ámbito político como un desacato a un acuerdo aprobado por el pleno.

Explicó que las comisiones de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales presentarán un informe sobre esta ausencia, a fin de que el pleno fije una postura institucional.

Precisó que desde la mayoría legislativa se establecerá que hubo una violación sistemática a la soberanía nacional y a la Ley Nacional de Seguridad por parte de diversos funcionarios del gobierno de Chihuahua, quienes dependen directamente de la titular del Ejecutivo estatal.

Indicó que, pese a ello, el Senado no intervendrá en el proceso judicial, ya que el caso ya sigue su cauce institucional en la Fiscalía General de la República, instancia que deberá deslindar responsabilidades, integrar las carpetas de investigación y, en su caso, judicializar el asunto.

Añadió que el Senado esperará a que concluyan las investigaciones y se determinen responsabilidades antes de actuar, particularmente en aquellos casos que involucren a servidores públicos con fuero constitucional, donde procedería la declaración de procedencia.

El senador subrayó que no se conformará ninguna comisión especial ni transitoria, al considerar que ya existen instancias responsables del caso, y reiteró que no se debe entorpecer el proceso legal en curso.

También descartó anticipar escenarios como juicio político o desaparición de poderes, al señalar que primero debe agotarse la investigación y, en su caso, judicializarse el proceso, para que posteriormente el Poder Judicial determine las responsabilidades.

En el ámbito internacional, indicó que el gobierno de México ya emitió un extrañamiento al gobierno de Estados Unidos por la presencia de sus agentes, y que el Senado se atenderá a la respuesta oficial para su eventual evaluación.

Finalmente, señaló que, de ser necesario, se revisarán los convenios suscritos por el gobierno de Chihuahua con autoridades de Texas en materia de seguridad, al recordar que la ley establece mecanismos específicos para la presencia de agentes extranjeros y la celebración de acuerdos en este ámbito, los cuales deben apegarse al marco constitucional.