El Senado de la República abrirá un parlamento abierto para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que también incluye cambios al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La propuesta busca consolidar el juicio de amparo como herramienta de defensa de los derechos humanos y evitar que, mediante suspensiones, se frenen actos de autoridad vinculados con ilícitos como el lavado de dinero o el cobro de créditos fiscales firmes.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, informó que este mecanismo permitirá escuchar a expertos y a las partes interesadas antes de dictaminar la iniciativa.

“Es un tema de la mayor relevancia, que debe ser analizado en sus méritos y con el método adecuado para revisar inquietudes, preocupaciones y los pros y contras de las modificaciones, toda vez que el juicio de amparo es una institución fundamental para la protección de los derechos de los ciudadanos frente al Estado”.

El legislador morenista señaló que en los próximos días propondrá a las presidencias de las comisiones de Estudios Legislativos y de Hacienda y Crédito Público definir el método y la dinámica que guiarán los trabajos de análisis y la discusión del proyecto. “Lo que hemos acordado en la Comisión de Justicia es abrir un proceso de discusión abierta, lo que se conoce como Parlamento Abierto, para conocer la opinión de las partes interesadas y de expertos. Por ello, plantearé que las mesas directivas de las tres comisiones nos reunamos para establecer el mecanismo de trabajo en torno a la iniciativa que reforma el Código Fiscal, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa“.

La iniciativa establece que no procederá la suspensión en casos donde se lesione el interés social o disposiciones de orden público, particularmente en materia administrativa. También precisa que se considerará afectado el interés social si, al otorgar la suspensión, se permite continuar con operaciones posiblemente relacionadas con el lavado de dinero o si se obstaculizan las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Otro de los puntos centrales es la armonización con otras disposiciones legales para asegurar el cobro de créditos fiscales firmes, cuyo proceso suele verse entorpecido por recursos como la revocación o el juicio contencioso administrativo.

En la exposición de motivos se advierte que estas impugnaciones generan retrasos innecesarios que afectan la recaudación y, por consiguiente, el financiamiento de servicios públicos.