Con 68 votos a favor y 35 en contra en lo general, y 72 a favor y 34 en contra en lo particular, el Pleno del Senado de la República aprobó la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio, un nuevo organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Economía, encargado de garantizar la libre concurrencia y competencia en los mercados.

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La reforma, propuesta por la titular del Ejecutivo Federal, forma parte del paquete de iniciativas de reorganización institucional y contempla cambios a la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. El dictamen fue avalado por las comisiones unidas de Economía y de Estudios Legislativos, y enviado a la Cámara de Diputados para continuar su trámite.

Desde la oposición, senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano expresaron su rechazo, al advertir que la nueva Comisión carece de autonomía, queda subordinada al Ejecutivo Federal y representa un retroceso en materia de regulación económica.

Marko Cortés, del PAN, acusó que la reforma elimina los contrapesos constitucionales y centraliza el poder en la Presidencia. Señaló que el Ejecutivo ahora podrá nombrar y remover a los comisionados sin filtros técnicos, lo cual, dijo, convierte a la nueva Comisión en un “brazo operador” del gobierno.
El PRI, a través del senador Miguel Ángel Riquelme, advirtió que esta medida desmantela uno de los pilares institucionales que garantizan mercados abiertos y consumidores protegidos, mientras que su compañera de bancada, Geraldina García, dijo que se trata de un “instrumento de control político”, sin independencia ni capacidad técnica para resistir presiones del poder.

Desde Movimiento Ciudadano, el senador Daniel Barreda señaló que la Cofece ha demostrado eficacia y rentabilidad, al devolver 152 pesos por cada peso invertido, mediante sanciones por prácticas anticompetitivas y afirmó que eliminarla es debilitar la capacidad del Estado para garantizar competencia real y proteger a los consumidores.

En contraste, el bloque mayoritario de Morena, PT y PVEM defendió la reforma y es que, Emmanuel Reyes, presidente de la Comisión de Economía, sostuvo que la nueva Comisión Nacional Antimonopolio contará con independencia técnica y operativa, un diseño colegiado de cinco integrantes, separación de funciones entre investigación y sanción, y procesos de designación sujetos a ratificación del Senado.

Reyes subrayó que la estructura del nuevo organismo es similar a la de autoridades de competencia en otros países y cumple con el artículo 21 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que no se vulneran los compromisos internacionales del país.

En tanto, Blanca Judith Díaz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, afirmó que la reforma incorpora criterios de desarrollo económico, equidad social y soberanía, al incorporar como principio la preeminencia del interés público en las decisiones del regulador.

De acuerdo con el dictamen, dijo, también se reducen los plazos para resolver concentraciones económicas —de 60 a 30 días— y para investigar prácticas anticompetitivas —de 600 a 480 días—, y se incrementa el tope máximo de multas del 10 al 15% del ingreso anual de las empresas responsables.
Desde el PT, Yeidckol Polevnsky defendió que la propuesta responde a una demanda histórica del empresariado nacional, que ha enfrentado condiciones más restrictivas que la inversión extranjera. Sostuvo que se garantiza austeridad sin afectar derechos laborales y que el nuevo diseño agilizará los procesos y reducirá duplicidades burocráticas.

El dictamen también modifica la Ley Federal de Entidades Paraestatales para reforzar el control, la planeación y la eficacia operativa de las empresas del Estado y la nueva Comisión será el ente responsable de coordinar con la autoridad en telecomunicaciones y regular temas como el espectro radioeléctrico y las concesiones satelitales.

La iniciativa fue recibida por el Senado el 27 de junio por la noche, dispensada de primera y segunda lectura y discutida directamente en el Pleno. El proyecto continuará ahora su trámite en la Cámara de Diputados.