Senado aprueba desaparición del CONEVAL y transfiere funciones al INEGI

La oposición señala un retroceso institucional, mientras que el oficialismo asegura que la reforma fortalece la evaluación al hacerla más eficiente y evitar duplicidades


CONEVAL
Imagen: Cortesía Senado de la República

El Senado de la República aprobó la reforma que extingue al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y transfiere sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con 73 votos a favor y 34 en contra en lo general, y 71 votos a favor y 34 en contra en lo particular, por lo que el dictamen fue turnado al Ejecutivo federal para su promulgación.

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La propuesta fue impulsada por Morena, bajo el argumento de evitar duplicidades, eficientar funciones y generar ahorros administrativos. Sin embargo, la oposición la calificó como un retroceso institucional que atenta contra la transparencia, la evaluación técnica y la autonomía en el combate a la pobreza.

Críticas de la oposición

El senador Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, sostuvo que la desaparición del Coneval no se justifica por motivos de austeridad, sino porque al gobierno le incomoda ser evaluado. Afirmó que el Coneval “les estorba” porque mide la pobreza con rigor, evalúa programas con transparencia y no se presta a la propaganda oficial.

“Sin evaluación independiente no hay política social, solo improvisación, y la improvisación en materia de pobreza cuesta vidas”, advirtió. Recordó que más de 46 millones de personas viven en pobreza y más de 9 millones en pobreza extrema, y acusó al gobierno de tratar de borrar los datos que evidencian que sus programas no están funcionando.

Dorantes también criticó que al INEGI se le hayan recortado más de dos mil millones de pesos este año y se haya cancelado la Encuesta Intercensal 2025, lo que a su juicio contradice la lógica de transferir más responsabilidades técnicas.

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“Esta reforma no transfiere funciones, las destruye. Elimina la participación de la sociedad civil, borra indicadores de resultados, prohíbe ajustar programas que no funcionan y liquida al personal especializado del Coneval”, expresó. Afirmó que lo que Morena busca es una política social sin evidencia, sin evaluación y sin consecuencias.

Posición del PRI

Por su parte, la senadora Mely Romero Celis, del PRI, señaló que esta reforma representa un peligroso retroceso institucional y que su aprobación se da bajo justificaciones huecas. Dijo que el presupuesto del Coneval es de apenas 285 millones de pesos, lo que equivale al 0.01 por ciento del gasto federal, y cuestionó que se hable de ahorro cuando se han invertido más de 30 mil millones de dólares en obras como el Tren Maya o 20 mil millones de pesos en la refinería de Dos Bocas.

“No eliminar al Coneval no va a generar ahorro en absoluto. Lo que sí vamos a perder es independencia técnica, metodologías especializadas y experiencia avalada nacional e internacionalmente”, afirmó.

Romero denunció que con la extinción del Coneval se despide al menos a 179 personas, de las cuales sólo 49 serán liquidadas, y se deja sin certeza laboral a personal con experiencia técnica probada. Señaló que el INEGI, aunque con prestigio en materia estadística, no tiene experiencia en evaluación de políticas sociales ni ha desarrollado la autonomía técnica que distinguía al Coneval.

“Hoy están acabando con la oportunidad de mejorar este país basándonose en evidencias y no en ocurrencias”, subrayó. También advirtió que esta reforma forma parte de una tendencia sistemática del gobierno por debilitar instituciones incómodas, como ya ocurrió con los organismos encargados de vigilar la educación o garantizar el acceso a la información.

Defensa de Morena

En respuesta, la senadora Simey Olvera, del grupo parlamentario de Morena, defendió la reforma al señalar que representa una medida de eficiencia administrativa congruente con los principios de la Cuarta Transformación. Afirmó que el Coneval, aunque creado con buenas intenciones, terminó atrapado en una lógica tecnocrática y burocrática que no incide en el territorio. Cuestionó que se destinen cientos de millones de pesos a evaluar la pobreza en lugar de invertirlos directamente en programas sociales.

Aseguró que el INEGI cuenta con experiencia, cobertura y capacidad técnica suficiente para asumir las nuevas atribuciones y que no se elimina la función de evaluación, sino que se fortalece.

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Destacó que la política social del actual gobierno ha logrado que más de 11 millones de personas salieran de la pobreza desde 2018, según estimaciones del Banco Mundial, y reafirmó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con la evaluación técnica, al ser una mujer científica, académica y de resultados.

“No más instituciones que simulan evaluar. Esta reforma elimina duplicidades, fortalece capacidades y pone al servicio del pueblo herramientas más eficaces y austeras para garantizar resultados reales”, afirmó.