Con 100 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó una reforma que otorga nuevas atribuciones a su Contraloría Interna, con el fin de fortalecer la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales dentro del propio órgano legislativo.

La iniciativa, que ahora será turnada a la Cámara de Diputados para su revisión constitucional, plantea modificar el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos mediante la adición de dos nuevos incisos.

A través de este ajuste, se establece la creación de una nueva área dentro de la Contraloría: la Unidad de Anticorrupción y Transparencia, que asumirá tareas específicas en estos rubros.
El objetivo de esta reforma es alinear la estructura interna del Congreso con la legislación vigente en materia de transparencia y protección de datos, dotando a la Contraloría de facultades claras y de una organización adecuada para garantizar el cumplimiento de estos derechos ciudadanos.

Durante la presentación del dictamen, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, presidenta de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, subrayó que no se trata de un simple ajuste administrativo, sino de una respuesta directa a las demandas actuales de la ciudadanía, que exige instituciones más abiertas, responsables y eficientes.

Agregó que esta modificación permite avanzar hacia una democracia más sólida, donde se combata la opacidad y se asegure que los datos personales estén debidamente protegidos, además de fortalecer el acceso a la información pública como un derecho efectivo.

En ese mismo sentido, la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México, destacó que la reforma brinda mayor certidumbre al funcionamiento del Senado al reforzar las capacidades de su órgano interno de control, pilar esencial en la rendición de cuentas.
Por su parte, el senador Francisco Daniel Barreda Pavón, por Movimiento Ciudadano, consideró que la actualización normativa representa un paso necesario para garantizar que los órganos internos del Senado estén alineados con los estándares actuales en materia de transparencia y derechos digitales.