Será el fraude fiscal delincuencia organizada

Aprueba el Senado reformas legales para combatir a empresas fantasma y factureros

El Senado de la República aprobó en lo general y particular, con cambios, las reformas a 5 ordenamientos legales para el combate a las empresas fantasma, la defraudación fiscal, las facturas falsas y el contrabando, a pesar de las críticas del PAN, PRI y PRD.

Senadores perredistas consideraron todavía más delicado lo de la seguridad nacional, porque la defraudación fiscal se está equiparando con conductas de espionaje, terrorismo, genocidio y traición a la Patria.

Según el dictamen aprobado se aplicará una pena de hasta 8 años de prisión a quien expida, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Se establece una pena de hasta 9 años de prisión para las personas morales, cuando el monto de lo defraudado sea mayor a 965 mil dólares o 18 millones 209 mil 870 pesos.

Con 82 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones, el pleno senatorial aprobó la minuta, la cual se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.

Senadores del PAN informaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad contra el intento de Morena para criminalizar contribuyentes.

Las y los senadores del PAN aseguraron están a favor de combatir la defraudación fiscal, pero no de promover el terrorismo fiscal.

El pleno senatorial avaló aumentar las penas de 5 a 8 años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

Se establece que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las llamadas empresas fantasma y las facturas falsas, considerando que éste sea un delito similar al contrabando y su equiparable.

Señala como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

Prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, señala el dictamen.

En la Ley General de Seguridad Nacional se adiciona una fracción XII al artículo 5 para que los actos ilícitos en contra del fisco federal, es decir defraudación fiscal, se consideren como amenaza a la seguridad nacional, señaló.

Además, se determinó que la iniciativa entre en vigor a partir del 1 de enero de 2020.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos. Pero, si el daño es al fisco federal, la inhabilitación será por un plazo de 20 a 30 años.

En defensa de la propuesta Lucía Trasviña, de Morena, expresó que hay resistencia a los cambios que presenta la Cuarta Transformación y con su peculiar estilo les dijo a los partidos de oposición:

“Se van a joder, porque no vamos a permitir corrupción, aquí hay quienes han sido los grandes beneficiarios del saqueo de los bienes de este país, se los digo de frente, son unos baquetones, cínicos y sinvergüenzas”.

Acusó a la oposición de recurrir a argucias legaloides y argumentos jurídicos sin sustento para defender un negocio que ven perdido.

“Lo siento mucho porque quienes tuvieron y ejercieron el poder, por quienes fueron cómplices de esas empresas fantasmas y que se le está yendo de la mano el gran negocio”, afirmó.

Y es que los partidos de oposición externaron su preocupación por el dictamen y cuestionaron su contenido por su validez constitucional y la pretensión de imponer un “terrorismo fiscal”.

En ese sentido, Claudia Anaya, del PRI, afirmó que con estas reformas se pretende institucionalizar la extorsión y equiparar la actividad empresarial con delincuencia organizada y considerarla un riesgo para la seguridad nacional.

“No les basta con acosar a los empresarios, ahora los quieren meter a la cárcel, hay que tener mucho cuidado, yo le voy a hablar al grupo de mayoría en su lenguaje, esta reforma está fuchi, está guácala, pa’ que me entiendan, señor, señora empresarios, tengan cuidado la 4T los va a perseguir peor que sicarios”, alertó.

En su oportunidad, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, advirtió que ni el uso de facturas falsas, el contrabando y la defraudación fiscal ameritan ser considerados como delitos de delincuencia organizada ni mucho menos atentatorios para la soberanía nacional.