La presencia de personas extranjeras en un operativo de seguridad en Chihuahua implicó una posible falta a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, al señalar que la determinación formal de responsabilidades corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), que ya desarrolla una investigación sobre el caso.

LEE ADEMÁS: Desmiente Sheinbaum a CNN y niega operaciones ilegales de la CIA en México

“En términos de opinión y de visión como presidenta es que hubo una falta a la ley de seguridad nacional y a la Constitución“, afirmó la mandataria durante su conferencia.

Sheinbaum respondió así a preguntas sobre la información difundida por autoridades de Chihuahua respecto a la participación de dos personas extranjeras integradas a un convoy que participó en un operativo antinarcóticos en la Sierra Tarahumara. La presidenta sostuvo que, desde la perspectiva del gobierno federal, el punto central es esclarecer quién autorizó esa presencia y bajo qué marco legal operó.

“Hubo una falta a la ley de seguridad nacional y a la Constitución. ¿Quién va a determinar quién tuvo esa falta? La Fiscalía General de la República“, dijo la mandataria. Añadió que la fiscalía estatal mantiene una investigación paralela, pero precisó que la indagatoria federal tiene mayor alcance institucional por las implicaciones del caso.

La presidenta indicó que la Fiscalía General de la República entrevista a personal de la fiscalía de Chihuahua y a integrantes de otras áreas del gobierno estatal para reconstruir la cadena de decisiones. Señaló que esa revisión permitirá establecer responsabilidades administrativas o penales, según lo que determine la autoridad ministerial federal.

“La fiscalía del Estado de Chihuahua está haciendo su propia investigación, pero la fiscalía General de la República está llevando a cabo una investigación profunda, en donde está entrevistando a muchas personas de la fiscalía y de otras áreas del gobierno de Chihuahua”, detalló la titular del Ejecutivo.

El caso escaló después de que autoridades estatales reconocieran la presencia de personas extranjeras vinculadas al operativo. La gobernadora Maru Campos sostuvo posteriormente que no tenía conocimiento previo de esa participación, lo que abrió nuevas preguntas sobre los mecanismos internos de autorización y control dentro de las instituciones de seguridad del estado.