La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que, aunque México posee litio, su extracción resulta costosa y compleja por encontrarse en arcilla, lo que obliga al gobierno federal a revisar con cautela el verdadero peso estratégico del mineral en un contexto internacional marcado por disputas geopolíticas y comerciales.
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La mandataria dejó claro que la sola posesión del recurso no garantiza ventajas estratégicas, ya que el litio nacional se encuentra mezclado con arcillas, lo que implica procesos más complejos y onerosos en comparación con depósitos alojados en arena, predominantes en otros países.
El gobierno federal formalizó en 2022, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, la nacionalización del litio mediante reformas legales que lo declararon patrimonio de la nación y reservaron su explotación al Estado, con la creación de LitioMx y la definición de una política industrial vinculada a la transición energética, aunque con retos tecnológicos y financieros pendientes.
La modificación legal aprobada por el Congreso estableció al litio como recurso estratégico y excluyó su concesión a particulares, bajo el argumento de que su valor resultaría central para el desarrollo tecnológico y la transición energética, particularmente por su uso en baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento.
En febrero de 2023, el gobierno federal decretó una reserva minera de litio en Sonora, al declarar más de 234 mil hectáreas como zona exclusiva para la explotación estatal, lo que reforzó el marco de control público sobre uno de los principales territorios con potencial geológico identificado.
La política de nacionalización se integró al llamado Plan Sonora, un proyecto enfocado en energías limpias y desarrollo industrial en el norte del país, que buscó articular recursos naturales, infraestructura energética y cadenas de valor asociadas a nuevas tecnologías.
Sin embargo, ahora el debate se traslada al terreno de los costos y la viabilidad económica, pues, aunque la tecnología para extraer litio de arcillas ya existe, su aplicación enfrenta límites financieros que obligan a ponderar si el esfuerzo compensa el valor de mercado del mineral, pues los yacimientos presentan condiciones geológicas que elevan significativamente los costos de extracción y reducen su competitividad frente a otros productores.
Sheinbaum expuso que ni siquiera existe consenso internacional sobre qué materiales deben considerarse críticos, pues algunas clasificaciones incluyen hasta 60 minerales y otras excluyen incluso a la plata, pese a su creciente valor.
La mandataria recordó que México posee una larga tradición minera y mantiene liderazgo histórico en la producción de plata, con estados como Zacatecas entre los principales productores, además de contar con reservas de oro y otros minerales estratégicos que algunas clasificaciones internacionales también consideran.
La presidenta subrayó que estos insumos son fundamentales para baterías, energías renovables, vehículos eléctricos y electrónica, lo que intensificó la disputa global por su control, sobre todo en un escenario de repliegue de la globalización y auge de políticas proteccionistas.
Sheinbaum indicó que el gobierno revisará primero las reservas disponibles, tarea que corresponde al Instituto Geológico Mexicano, con el objetivo de determinar la relevancia real de estos recursos antes de definir cualquier estrategia de protección o aprovechamiento.
La mandataria contextualizó la participación del secretario de Hacienda en una reunión ministerial del G7 sobre seguridad financiera de cadenas de suministro de minerales críticos, a la que México acudió como país invitado junto con otras naciones fuera del bloque.
Sheinbaum indicó que el primer paso del análisis consistirá en revisar la información disponible sobre reservas, tarea que corresponde al Instituto Geológico Mexicano, encargado desde hace décadas de investigar, registrar y publicar datos sobre disponibilidad y producción de minerales en el país.

Claudia Sheinbaum. | Foto: Cuartoscuro.com 


