El gobierno federal investiga el caso de la mina Camino Rojo, ubicada en Mazapil, Zacatecas, tras señalamientos de que la empresa habría utilizado integrantes del crimen organizado para intimidar a trabajadores sindicalizados. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gabinete de seguridad analiza el expediente.

LEE ADEMÁS: Gala Chilanga 2026: así fue la pasarela urbana en el Monumento a la Revolución

La operación pertenece a la empresa canadiense Orla Mining, señalada por presunta responsabilidad en actos de violencia contra trabajadores afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero. Los hechos incluyen amenazas de muerte y presencia de personas armadas en asambleas sindicales.

De acuerdo con una resolución preliminar del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, un panel internacional documentó evidencias de intimidación para forzar a trabajadores a cambiar de sindicato. “Se utilizaron amenazas para obligarlos a afiliarse a un gremio de protección patronal”, indica el informe.

Trabajadores denunciaron que estas agresiones fueron reportadas a autoridades federales, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, sin respuesta efectiva. Este contexto generó un entorno de presión durante la disputa por la titularidad del contrato colectivo.

La presidenta afirmó que su gobierno no permitirá abusos de las empresas y señaló que, de confirmarse vínculos con grupos delictivos, se aplicarán sanciones conforme a la ley. Entre las medidas en evaluación se encuentra el retiro de la concesión minera, en coordinación con la Secretaría del Trabajo.

En paralelo, la empresa informó que mantiene operaciones regulares en el complejo. Durante el primer trimestre de 2026, Camino Rojo registró la extracción de más de 2.02 millones de toneladas de mineral, con una producción proyectada de entre 340 mil y 360 mil onzas de oro. La Semarnat autorizó la expansión del proyecto, incluida la minería subterránea.

Se trata de la primera intervención del mecanismo laboral del T-MEC en un caso de minería en México con este nivel de señalamiento. El procedimiento permite revisar posibles violaciones a la libertad sindical y negociación colectiva, con posibilidad de sanciones comerciales.

La Secretaría del Trabajo mantiene seguimiento del caso en coordinación con autoridades federales y organismos internacionales. El expediente incluye testimonios de trabajadores y reportes de intimidación que serán analizados para determinar responsabilidades.

El gobierno federal informó que dará a conocer los avances de la investigación una vez que concluya el análisis integral. El caso será atendido conforme al marco legal vigente y compromisos internacionales en materia laboral.