Durante su encuentro matutino con la prensa en Palacio Nacional de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la prisión preventiva oficiosa como “un tema vigente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)“.

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La mandataria federal defendió la herramienta jurídica, argumentando que es una herramienta legal valiosa para hacer frente a la inseguridad que prevalece en el país y a la actividad de grupos delictivos.

No es la primera ocasión que la jefa del Ejecutivo manifiesta su opinión a favor, y por ello reiteró la relevancia de que se preserve la medida cautelar en delitos de alto impacto de cara a la protección de la sociedad, aunque también de los juzgadores de esos casos. “Frente a la situación de inseguridad que vive el país, es importante, incluso para la protección de los jueces, que haya delitos donde no quede al criterio del juez la prisión preventiva, sino que haya una orientación legal previa“, argumentó.

Asimismo, acotó que esta figura, establecida en el artículo 19 constitucional desde 2019, no se aplica de manera automática, sino que sigue dependiendo de una valoración judicial con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Sheinbaum aprovechó para criticar a la oposición, pues, rechazan la herramienta sin ofrecer alternativas viables. “Es una medida que se toma frente a la situación actual y a las condiciones del país. Desde mi perspectiva y lo he mantenido desde la Jefatura de Gobierno, frente a la situación de inseguridad que vive el país, los grupos de la delincuencia organizada, es importante”, afirmó.

Y admitió que existe actualmente una polémica intensa acerca de la permanencia de la prisión preventiva oficiosa; no obstante, recalcó que las condiciones de inseguridad en el país imponen la necesidad de proteger a los impartidores de justicia.

Sus declaraciones las hace públicas un día después de que se dio a conocer el proyecto de resolución de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat, quien propuso validar el incremento del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa —impulsado por la bancada de Morena en el Congreso de la Unión—, pero matizó que su aplicación no debe ser automática, como lo recordó la mandataria.

En su planteamiento, la ministra sugirió que los jueces lleven a cabo una audiencia en la que se analice si procede o no dicha medida, considerando siempre “la necesidad de cautela del imputado“.

El proyecto de ley, que se someterá a debate en el pleno de la Corte el próximo 5 de agosto, pretende eliminar el “cariz automático” de esta medida cautelar y, en ese sentido, establecer lineamientos para su aplicación bajo principios de excepcionalidad.

Algunos de los delitos que prevén prisión preventiva oficiosa es el feminicidio, el abuso sexual contra menores, la corrupción, el robo de hidrocarburos, la desaparición forzada y el uso de programas sociales con fines electorales.

Cabe señalar que, de acuerdo con la definición constitucional, la prisión preventiva oficiosa “es una medida cautelar en el sistema penal mexicano que permite al juez ordenar la privación de la libertad de una persona acusada de ciertos delitos graves, sin necesidad de un debate previo sobre la necesidad de esa medida para asegurar el proceso o la protección de la víctima“.

En otras palabras, la ley establece que ciertos delitos, por su naturaleza, ameritan automáticamente la prisión preventiva, sin que el juez pueda considerar otras opciones.