La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el combate a la corrupción en México corresponde exclusivamente a su gobierno, luego de la difusión de un supuesto plan del gobierno de Estados Unidos para denunciar a políticos mexicanos presuntamente corruptos.

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“Si hay alguna denuncia contra un ciudadano mexicano, tienen que presentarse pruebas”, sostuvo la mandataria al fijar postura sobre versiones que atribuyen al embajador Ronald Johnson un esquema de señalamientos desde ese país.

Indicó que cualquier acusación formulada en el extranjero debe contar con sustento documental y seguir los canales institucionales en México. Precisó que los señalamientos no pueden procesarse sin evidencia formal que permita su revisión conforme al marco legal vigente.

La presidenta señaló que corresponde a las autoridades mexicanas conducir las investigaciones en materia de corrupción, con base en las atribuciones de las instancias nacionales encargadas de procuración de justicia.

“Las pruebas tendrían que ser revisadas por la Fiscalía General de la República”, puntualizó al referirse al procedimiento que deben seguir denuncias provenientes de Estados Unidos.

El posicionamiento se da tras la circulación de versiones sobre una estrategia externa para exhibir a actores políticos mexicanos, lo que coloca en discusión los límites de actuación entre gobiernos en materia de combate a la corrupción.

La declaración establece que cualquier colaboración internacional debe sujetarse a mecanismos formales y respetar las competencias de las instituciones mexicanas responsables de investigar y sancionar delitos.