La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno implementa un modelo integral de justicia laboral para jornaleros agrícolas, con inicio en San Quintín, Baja California, ante esquemas de subcontratación sin control y condiciones precarias en la producción de berries.

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“El certificado busca que toda exportación lleve garantía de derechos laborales y registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social“, señaló, al explicar que las empresas exportadoras deberán acreditar la contratación formal de trabajadores agrícolas.

Actualmente, empresas estadounidenses operan con distintos nombres y subcontratan a productores locales, quienes a su vez emplean jornaleros sin registro formal, lo que permite que trabajadores se integren diariamente a labores sin identificación ni contrato e impide control laboral efectivo.

La estrategia contempla la instalación de un centro de justicia laboral en San Quintín, donde los trabajadores podrán denunciar esquemas de contratación indirecta. Incluye la obligación de contratación directa por parte de empresas, la regularización de vivienda para trabajadores asentados y la construcción de unidades habitacionales para trabajadores temporales.

“Estamos construyendo viviendas, escuelas y un hospital del IMSS, y se instruyó que las empresas no contraten a través de intermediarios“, indicó la presidenta al detallar la intervención interinstitucional en la zona.

El gobierno federal proyecta extender este modelo a otras regiones agrícolas con alta concentración de jornaleros, como Cajeme en Sonora y zonas de Sinaloa, donde también se reportan problemáticas sociales asociadas, incluida migración laboral y adicciones.