La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las irregularidades por más de 65 mil millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el último año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador corresponden a una etapa preliminar de revisión y que aún resta el periodo de solventación, en el que los montos suelen disminuir.

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La mandataria explicó que una parte significativa de los señalamientos corresponde al gasto federalizado, es decir, recursos transferidos a estados y municipios, lo que implica procesos administrativos complejos y revisiones documentales que suelen requerir aclaraciones posteriores por parte de las autoridades responsables.

Sheinbaum indicó que el anuncio de la ASF forma parte de una primera etapa técnica en la que el órgano fiscalizador detecta inconsistencias o falta de información suficiente, pero aclaró que ello no significa, en automático, daño patrimonial acreditado ni responsabilidad firme.

Durante este periodo, precisó, se abre una fase de solventación en la que las dependencias y los entes auditados deben entregar documentación, comprobantes o aclaraciones para justificar el uso de los recursos observados, conforme a los plazos establecidos en la ley.

La presidenta subrayó que, de no atenderse las observaciones, el servidor público en funciones podría enfrentar responsabilidades, aun cuando las irregularidades correspondan a ejercicios anteriores, lo que obliga a las administraciones actuales a dar seguimiento puntual a cada señalamiento.

Añadió que en experiencias previas los montos inicialmente observados tienden a reducirse significativamente una vez que concluye el proceso de revisión, debido a que se integran elementos que no estuvieron disponibles en la primera evaluación.

Frente a los cuestionamientos sobre el impacto político de las cifras dadas a conocer, Sheinbaum sostuvo que conviene esperar a que transcurra todo el procedimiento antes de emitir conclusiones definitivas, ya que el proceso incluye etapas técnicas y legales que pueden modificar sustancialmente los resultados preliminares.

La ASF, órgano técnico dependiente de la Cámara de Diputados, tiene como función fiscalizar el ejercicio del gasto público federal, incluidos los recursos transferidos a entidades federativas, y sus informes forman parte del sistema de rendición de cuentas previsto en la Constitución.

En ese contexto, la presidenta reiteró que el mecanismo contempla tiempos específicos para que las observaciones sean aclaradas o, en su caso, se determinen responsabilidades administrativas o resarcitorias, conforme a la normatividad vigente.