Con el objetivo de homologar los procesos de investigación en todo el país y reducir la impunidad en estos delitos, el gobierno elabora una Ley General de Feminicidio que establecerá las obligaciones para fiscalías estatales, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

LEE ADEMÁS: Gala Chilanga 2026: así fue la pasarela urbana en el Monumento a la Revolución

La mandataria explicó que el modelo se basa en la experiencia aplicada en la Ciudad de México durante la gestión de Ernestina Godoy, donde se fortalecieron los mecanismos de investigación. Indicó que este esquema permitió mejorar la identificación de responsables y aumentar las detenciones.

“Se está construyendo la ley general para que en todo el país se investigue de la misma forma”, señaló. Agregó que la propuesta incluye la creación obligatoria de fiscalías especializadas y protocolos homologados para atender casos de feminicidio.

El modelo de investigación incorpora el esquema de “turno continuado”, que permite dar seguimiento inmediato a las denuncias y ampliar el margen de acción para la detención de presuntos responsables. Este mecanismo se centra en la continuidad de la flagrancia tras la denuncia de familiares.

La presidenta reconoció que la mayoría de los feminicidios son cometidos por personas cercanas a las víctimas, como parejas o exparejas, lo que ha sido clave para diseñar estrategias de investigación y prevención enfocadas en violencia familiar.

El gobierno federal también impulsa acciones de prevención, entre ellas la distribución de la cartilla de derechos de las mujeres traducida a lenguas indígenas y la creación de centros de atención en 2 mil 500 municipios, con el objetivo de reducir factores de riesgo.

La mandataria informó que mantiene seguimiento a diversos casos de feminicidio, entre ellos el de Liliana Rivera Garza y el de Ana Febe, estudiante de la FES Acatlán, cuyo caso se encuentra en revisión en el Estado de México.

En el caso de Liliana Rivera Garza, la víctima tenía 21 años cuando fue asesinada por su expareja, quien huyó a Estados Unidos y no ha sido detenido. La Fiscalía General de la República mantiene el análisis del caso.

Sobre Ana Febe, la familia solicitó que la investigación se clasifique como feminicidio. La indagatoria inicial señala una muerte por aspiración de gas, pero los familiares sostienen que existen elementos de posible responsabilidad del esposo. También mencionaron la participación de una organización religiosa.

La legislación vigente establece que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse desde el inicio como feminicidio, recordó Sheinbaum. Este criterio obliga a las fiscalías a abrir carpetas bajo ese tipo penal, con posibilidad de reclasificación conforme avancen las diligencias.

La mandataria indicó que se analiza la viabilidad jurídica de aplicar de manera retroactiva la ley en casos anteriores, como el de Rivera Garza. La revisión está a cargo de la Consejería Jurídica y de la Fiscalía General de la República.