Gaby Salido

Implementar acciones de simplificación administrativa, mejora regulatoria y gobierno electrónico, es una labor necesaria para garantizar a la ciudadanía el derecho a una buena Administración Pública tal como lo señala la Constitución de la CDMX.

Apoyar al sector restaurantero era el objetivo al anunciar el Programa de Simplificación Administrativa, al que se comprometió la Jefatura de gobierno, incluyendo trámites de establecimientos comerciales para impulsar la recuperación económica de este sector.

Mientras vencían sus propios plazos anunciados en la “Estrategia de implementación”, en el Gobierno de la 4T evidenciaron sus verdaderas intenciones al iniciar acciones y publicar Acuerdos que centralizan funciones de las Alcaldías y usurpan facultades del Congreso para dar paso a una red de opacidad que otorga cambios de uso de suelo y facilita trámites discrecionalmente.

Sin importar la seguridad o certeza para la ciudadanía, se anunció una cosa y legalmente se hizo algo diferente, que arrebata derechos y beneficia a unos cuantos, pues solo basta contrastar las promesas y los hechos a más de 3 meses para ver los resultados.

Si la estrategia era urgente para impulsar la recuperación económica de la CDMX después de la pandemia, su propuesta es tardía al llegar con más de un año de retraso; después del controvertido programa “Reactivar sin Arriesgar”, que dejó más conflictos que beneficios en algunas zonas de la capital, o dicho por el propio Gobierno y empresarios, generó espacios corrupción y abusos cometidos por autoridades de verificación.

Hablaron de 5 iniciativas que enviarían al Congreso el 2 de septiembre de este año, pero se enviaron un mes después, planteando objetivos que generan incertidumbre a la ciudadanía por cambios en el Proceso de Publicitación Vecinal tratándose de obras inmobiliarias, y de forma regresiva proponen disminuir medidas de protección civil y gestión de riesgos para los usuarios de los establecimientos.

Diríamos comúnmente, “mal y de malas”, pues cada acción que emprende esta 4T, tiene un efecto contrario al anunciado; lo preocupante es que se sigan vulnerando derechos de la ciudadanía, al evadir responsabilidades, so pretexto de reducir el número de trámites.

Parece inocuo eliminar omitir el requisito de presentar programas internos de protección civil, pero el origen de esta obligación es más fuerte que la Ley, ya que pesa en la conciencia colectiva, ¿acaso ya olvidaron tragedias como Lobohombo o New´s Divine? Vaya forma de honrar la memoria de las víctimas a 22 y 14 años respectivamente.

Ahí está la trampa. Al otorgar licencias, se ejercen facultades y actos de autoridad que por un lado el Gobierno está obligado a constatar lo que va a permitir, mientras que el funcionario que puede enfrentar responsabilidades administrativas, civiles o penales, consecuencia de alguna situación irregular.

Con simples manifestaciones de cumplimiento, la autoridad se lava las manos, no comprueba y se ampara en decir que reciben la información de buena fe, por parte del particular, y si hay algún error o dolo, solo que deja sin efectos.

Como es costumbre en los gobiernos de la 4T, se culpa a alguien más, en este caso será el encargado del giro mercantil que hizo el trámite y no un servidor público que no asumió responsabilidad alguna por no revisar la veracidad y viabilidad de lo que le solicitan. ¡Vaya forma de garantizar una buena administración pública! Ahora se llama simplificación administrativa, a no asumir responsabilidad y lavarse las manos.

Diputada Congreso CDMX