La presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura sobre las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como varios ciudadanos mexicanos y condicionó cualquier acción a la existencia de pruebas conforme a la ley nacional.

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“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”

Claudia Sheinbaum

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió solicitudes de detención con fines de extradición y las turnó a la Fiscalía General de la República (FGR), que analizará si existen elementos probatorios suficientes para sustentar órdenes de aprehensión.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo públicos cargos desde el Distrito Sur de Nueva York contra funcionarios mexicanos, junto con documentos bajo reserva que, según la cancillería, debían mantenerse confidenciales conforme a tratados.

“La legislación mexicana exige datos de prueba para solicitar órdenes de aprehensión”, indica el posicionamiento del gobierno federal citado por la presidenta.

Sostuvo que la fiscalía actuará conforme a derecho si existen elementos suficientes, pero rechazó cualquier injerencia extranjera en decisiones internas y subrayó que la relación bilateral se mantiene bajo principios de soberanía.

La definición del caso dependerá del análisis de la Fiscalía General de la República, que determinará si las solicitudes cumplen con los requisitos legales o si carecen de sustento probatorio.

La FGR indicó que el análisis se centrará en verificar la consistencia jurídica de las solicitudes, así como la correspondencia de los hechos señalados con tipos penales previstos en la legislación mexicana, antes de definir cualquier acción ante un juez.

Mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo que el intercambio de información se rige por tratados bilaterales que establecen confidencialidad en las acusaciones en curso, por lo que la difusión de documentos bajo reserva generó un extrañamiento formal en el ámbito jurídico.

Sheinbaum reiteró que la actuación del Estado se sujetará a la Constitución y que cualquier decisión dependerá de la existencia de datos de prueba suficientes, con base en la jurisdicción nacional.