El Parlamento de Singapur aprobó una polémica medida que autoriza castigar con entre seis y 24 latigazos a los responsables de estafas digitales, en respuesta a un incremento récord de fraudes financieros que afectaron al país el último año.

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La sanción física —ya contemplada en el código penal para más de 30 delitos, entre ellos robo, violación y vandalismo— se aplicará a miembros de redes criminales, reclutadores, cómplices y mulas bancarias que faciliten cuentas, tarjetas SIM o credenciales de Singpass, el documento de identidad digital singapurense.

El número de latigazos dependerá de la gravedad del crimen, con un máximo de 24 flagelaciones continuas. La decisión final quedará en manos de los tribunales, que determinarán si procede o no el castigo corporal.

La propuesta, impulsada tras el debate abierto en marzo por un diputado, recibió el respaldo del gobierno. La entonces ministra del Interior, Sun Xueling, adelantó que se consideraba aplicar latigazos como reconocimiento al daño severo que pueden causar las estafas, muchas de ellas realizadas por redes internacionales.

Las pérdidas por fraudes digitales en Singapur alcanzaron 1,100 millones de dólares en 2024, según cifras de la Policía, lo que representa un nuevo récord y la primera vez que se supera la barrera del millardo anual.

Aunque organizaciones internacionales, incluida la ONU, han condenado los castigos corporales como violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Singapur mantiene su política de tolerancia cero contra el crimen, y considera que la medida disuade a potenciales delincuentes.

En el país, los latigazos se aplican únicamente a hombres menores de 50 años mediante una fusta de ratán, y se combinan con penas de prisión o multas económicas.

La decisión se da en medio de una creciente preocupación regional por los centros de estafas digitales operados por mafias en el Sudeste Asiático, donde trabajadores son forzados a participar en esquemas de fraude. Tailandia, China y Birmania mantienen operativos conjuntos para liberar a miles de personas víctimas de estos grupos.

De manera paralela, la Policía de Singapur investiga al empresario chino Chen Zhi, líder del conglomerado Prince Group, acusado por Estados Unidos de encabezar un imperio criminal vinculado a estafas digitales y trata de personas. Las autoridades locales incautaron activos por más de 150 millones de dólares singapurenses, incluidos un yate, automóviles de lujo y licor de alto valor.

Con esta nueva legislación, Singapur refuerza su reputación de mano dura contra el crimen y lanza un mensaje claro: el fraude digital, aunque intangible, tendrá consecuencias físicas reales.