Mañana,1° de septiembre el Congreso de la Unión iniciará formalmente los trabajos de lo que será la LXVI y LXVII Legislaturas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República y sus nuevos integrantes serán los encargados de discutir y aprobar algunas de las reformas que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.
La primera de ellas será la polémica reforma al Poder Judicial, que establece que la elección de jueces se lleve a cabo por el voto popular; para ello se prevé que el domingo se lleven a cabo dos sesiones: la primera para instalar el Congreso General y más tarde se abrirá la primera sesión ordinaria para informar al Pleno de la minuta de esta reforma que avaló la Comisión de Gobernación.
Los Morenistas, encabezados por su coordinador Ricardo Monreal ya se alistan para llevar a cabo de manera pulcra el proceso legislativo de este proyecto, que se prevé se apruebe sin cortapisas, porque junto con sus aliados del PT y el PVEM el partido oficial tendrá el 73 por ciento de curules, con lo que superarán la mayoría calificada requerida para reformar la Constitución.
Sin embargo, derivado de los foros y de algunas observaciones que les han manifestado a los legisladores desde Palacio Nacional, el proyecto que se apruebe a más tardar el tres de septiembre será ligeramente distinto a la propuesta original.
Pero ¿qué propone esta reforma?
La minuta contempla que el Consejo de la Judicatura sea sustituido con la creación de dos órganos: el Órgano de administración judicial y el Tribunal de disciplina judicial.
El Tribunal de Disciplina Judicial será el encargado de recibir denuncias, investigar y, si es necesario, sancionar a ministros, magistrados y jueces.
Mientras, que el Órgano de Administración Judicial tendrá independencia, así como autonomía técnica y de gestión, para emitir sus resoluciones.
Este órgano operará de manera separada, tanto funcional como orgánicamente, de la Suprema Corte.
La reforma al Poder Judicial también plantea que las y los jueces sean electos por voto popular, por medio de elecciones abiertas. Además, serán sometidos a votación los cargos para magistrados y ministros.
Se prevé una elección extraordinaria en 2025, durante el primer año de gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y otra elección en 2027, para renovar a ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, en la cual podrán participar los funcionarios que ocupen actualmente el cargo.
En el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de los magistrados del Tribunal Electoral, y los del Tribunal de Disciplina, serían elegidos a nivel nacional en elecciones ordinarias. Para ello, habrá 30 candidaturas propuestas por los tres Poderes de la Unión.
Es decir, para dichos cargos, el Poder Ejecutivo propondrá 10 candidaturas. El Poder Legislativo, hasta cinco candidaturas por cada cámara; y el Poder Judicial podrá proponer hasta 10 candidaturas, a través del pleno de la SCJN.
En el caso de los mil 633 magistrados de Circuito y jueces de Distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de seis candidaturas paritarias por cargo.
La reforma también plantea la reducción de ministras y ministros en la Suprema Corte, de 11 a solo nueve miembros.
De igual forma se estipula la reducción del periodo del cargo en la SCJN, de 15 a 12 años. Se eliminaría la pensión vitalicia de ministros y habría un ajuste al tope máximo del sueldo recibido.
Entre los requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá poseer el día de la publicación de la convocatoria título profesional de licenciado en derecho expedido legalmente, un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y práctica profesional de cuando menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica.
Cada Poder integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
El Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres.
También declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones antes de que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas aspirantes electas tomarán protesta de su encargo ante dicho órgano legislativo.
Hasta hoy, así estos son los principales puntos de la propuesta presidencial, sin embargo, se prevé que esta minuta tenga modificaciones menores en los próximos días, independientemente de la que se aprobó el pasado 20 de agosto que crea la figura del juez sin rostro.
La propuesta que fue bautizada y aprobada como jueces sin rostro a la letra dice: “Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”.
Cabe recordar que Ricardo Monreal Ávila, coordinador de bancada del guinda en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación política informó sobre el consenso logrado para la integración de la Mesa Directiva, esta quedó de la siguiente manera: presidenta: Ifigenia Martínez, Morena; Primer Vicepresidente: Sergio Gutiérrez Luna, Morena; Segunda Vicepresidenta: Kenia López Rabadán, PAN; Tercer Vicepresidenta: María del Carmen Pinete Vargas, PVEM; Secretaria: Julieta Villalpando Riquelme, Morena; Secretario: Alan Sahir Márquez Becerra, PAN; Secretaria: Nayeli Arlen Fernández Cruz, PVEM; Secretario: Pedro Vázquez González, PT; Secretaria: Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, PRI; Secretaria: Laura Ballesteros, Movimiento Ciudadano; Vicecoordinador: Alfonso Ramírez Cuéllar; Vocero: Francisco Arturo Federico Avila Anaya; Coordinador operativo: Pedro Miguel Haces Barba.
Además, esta Cámara estará integrada por 257 diputados de Morena, 71 diputados del PAN, 60 diputados del PVEM, 47 del PT, 36 del PRI, 27 de Movimiento Ciudadano, uno del PRD y un independiente.
En tanto, la integración de la Mesa Directiva del Senado para el primer año del primer periodo de la LXVI legislatura es la siguiente: Presidente de la Mesa Directiva: Gerardo Fernández Noroña (Morena); Vicepresidenta: Imelda Castro (Morena); Vicepresidente: Mauricio Vila (PAN); Vicepresidenta: Carla Toledo (PRI); Secretaria: Verónica Camino (Morena); Secretaria: Jasmine Bugarín (Morena); Secretario: Luis Donaldo Colosio (Movimiento Ciudadano) y como Secretaria: Lizeth Sánchez García (PT).
En medio de esto, lo cierto es que las protestas de los trabajadores del Poder Judicial se recrudecen, ya se sumaron a estas estudiantes de la facultad de Derecho de la UNAM, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, así como sus representantes empresariales y diversos especialistas alertan de los riesgos de esta reforma y la revisión del T-MEC está en puerta. Veremos qué deciden los flamantes legisladores.
