PATRICIA RAMIREZ

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, informó que el avance presupuestal hasta el 31 de octubre de 2022 indica una asignación modificada de 6 mil 307.4 millones de pesos, con un ejercido de 5 mil 210.2 millones y con 684.2 millones de pesos comprometidos, teniendo un disponible real de 16.6 millones de pesos, por lo cual no se cuenta con lo suficiente para cubrir los compromisos laborales de las nóminas, repercusiones y prestaciones, para lo cual se requieren mil 368. 9 millones de pesos.

El funcionario enfatizó que el 91.1 por ciento del presupuesto del Tribunal se destina a servicios personales e impuestos, con una plantilla de 10 mil 863 empleados, que recibieron un incremento salarial del 3.2 por ciento, a lo que se suma la actualización de pasivos correspondientes a 2020 y 2021.

Además, destacó que con el presupuesto 2022 se realizaron acciones como la implementación de la reforma laboral, en la cual se utilizaron mil 13.5 millones de pesos, mientras que en los juzgados de tutela de derechos humanos se emplearon 283.2 millones de pesos.

Asimismo, adelantó que el proyecto de presupuesto para 2023 es de 15 mil 44.3 millones de pesos, del cual 10 mil 185.40 millones de pesos serán utilizados en acciones permanentes y 4 mil 858.9 en acciones transitorias, donde se incluyen 66 proyectos especiales, entre los que destacan la reestructura del Poder Judicial de la Ciudad de México; capacitación para el personal en materia de gestión integral de riesgos y protección civil; y la implementación de un Sistema Integral de Documentos y Digitalización del Archivo de Concentración, con un costo total de 28.91 millones de pesos.

Detalló que de estos recursos siete mil 868 millones de pesos se destinarán al capítulo 1000, que corresponde a servicios personales, y tres mil 838.8 millones de pesos para el capítulo 3000, que son servicios generales. 

Mientras que dos mil 31.8 millones de pesos serán destinados a obra pública; 887.7 millones de pesos a bienes muebles, inmuebles e intangibles; 404.4 a materiales y suministros; y 13.9 a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Al responder los cuestionamientos de los legisladores, el magistrado Rafael Guerra Álvarez consideró que se necesita un incremento presupuestal para el próximo ejercicio, para poder cumplir con todas las obligaciones en la impartición de justicia.

En este sentido, recordó que la Federación le otorgó 50 millones de pesos en materia de juicios laborales, 25 millones para la implementación de la justicia en la materia, y 25 millones para los juzgados; sin embargo, reconoció que su avance dependerá de los recursos que le asigne el Congreso local, pues a la fecha ya se cuenta con 10 juzgados y el año entrante se deberán tener entre 40 y 50.

En este sentido, dijo que hay 10 jueces laborales trabajando actualmente, y 15 más están en espera de asignación, sin embargo, no se cuenta con recursos para el pago de sus honorarios. 

De la misma manera, se refirió a las obligaciones que debe cubrir el TSJCDMX en adeudos que se arrastran de los años 2020 y 2021, que suman 871 millones de pesos.

Durante su exposición, explicó que en atención a la violencia familiar y a los grupos vulnerables se trabaja con protocolos internacionales, mismos que se implementan a través de programas y acciones que también están considerados en el desglose de gastos, por un monto aproximado de 36.7 millones de pesos.

En este sentido, dijo que de no contar con el presupuesto requerido se cancelarían acciones transitorias, como la puesta en marcha de proyectos por cuatro mil 858 millones de pesos, que se destinarían para el cumplimiento de las reformas jurisdiccionales, principalmente laboral, de tutela, derechos humanos, fortalecimiento en materia penal, civil, mercantil y familiar, en cuanto hace a la oralidad.

Finalmente, el magistrado presidente dijo que, si bien ha habido grandes avances en la digitalización de expedientes, ésta está supeditada al presupuesto que se autorice para el próximo año. 

Agregó que en la problemática de los ejercicios del 2020 al 2021, se resolvió momentáneamente el hueco presupuestal, pero los recursos aprobados anualmente no han sido suficientes para atender las necesidades de operación básicas del Tribunal y al día de hoy sigue existiendo ese déficit.