LUIS WERTMAN

En el debate nacional sobre el estado de la seguridad en el país, no se habla lo suficiente acerca de las causas que motivan la comisión de los delitos y el efecto que tiene atenderlas para alcanzar la paz que tanto demandamos como sociedad.

Omitir el origen de diferentes conductas ilegales reduce el tema sensible de la seguridad a una aparente lucha eterna entre policías y ladrones, combatiendo todo el tiempo. Sin embargo, vivir en tranquilidad es más complejo y no está necesariamente relacionado con la capacidad de armamento y equipo que tenga disponible cada bando.

Los municipios -y sus estados- que concentran seis de cada diez delitos de alto impacto también son aquellos que viven afectados por una notoria desigualdad y falta de oportunidades, en especial para la base de recursos humanos preferida por el crimen, los jóvenes.

Este diagnóstico, que ahora es diario y público cada semana por parte del Gobierno de México, ha sido constante en los últimos cinco años y obliga a convocar a los ciudadanos para que actuemos corresponsablemente para que ocurra un cambio en esas localidades que, pareciera, están condenadas a sufrir en una espiral de violencia.

No olvidemos que la principal motivación de un delincuente es el dinero fácil y rápido; proponer una salida bajo la idea de que el riesgo de cometer un crimen es menor al de seguir en la pobreza, se vuelve atractiva para muchas personas que todos los días intentan cambiar su situación económica, pero no lo consiguen.

Por eso la política social es también una política de seguridad y en estos años somos testigos que ese respaldo ha sido la diferencia para cientos de municipios y millones de familias. Continuar con ese apoyo social directo permitirá pacificar incluso las regiones que agrupan ese 60 por ciento del total de los delitos que se cometen.

Otra solución a las causas de la violencia es el empleo digno y estable. Para los puestos de trabajo que México demandaba al inicio de esta administración, descontando la caída durante la pandemia, solo podían generarse a través de grandes obras de infraestructura y un giro radical a las reglas del mercado laboral para frenar el abuso de la subcontratación.

Al apoyo social, al empleo, se le debe sumar la confianza ciudadana en las fuerzas de seguridad. Con un cruce simple de las cifras oficiales con datos del INEGI, es evidente que en los municipios que perciben mayor inseguridad, la calificación del actuar de sus cuerpos policiacos es la más baja. Es decir, se les identifica del lado de aquellos a quienes tendrían que combatir y sancionar. Esa mala opinión alcanza a los ministerios públicos e integrantes del Poder Judicial, a los que se observa como parte de un engranaje que favorece a los culpables, en lugar de a muchas de las víctimas.

Solo con una participación real de la sociedad mexicana podremos disminuir la incidencia delictiva en los estados y municipios en los que sigue concentrada la mayoría de los crímenes.

Tomemos en cuenta que, si en el resto de los estados ha sucedido un cambio positivo en la seguridad, es por la información que proporciona la misma población y la relación que han establecido con la Guardia Nacional y nuestras Fuerzas Armadas. De nuevo, acudamos a los datos públicos y estás instituciones gozan de una aceptación que muchas policías no han podido consolidar.

Entonces, la explicación de la reducción de muchos delitos que nos afectan es este acercamiento constante de la estructura de beneficios sociales, de la mano de una economía saludable que produce empleos fijos y de un aparato de seguridad que tiene la validación de la ciudadanía.

Aún falta camino por recorrer, salimos de una supuesta guerra mal declarada contra el crimen a una estrategia de construcción de paz en la que se han roto mitos, prejuicios y prácticas que respondían a la pésima idea de que nada más con un grado de violencia mayor se podía encontrar una solución.

Eso era falso entonces y es falso ahora. Miles de mexicanas y mexicanos arriesgan su vida todos los días para asegurar otro futuro para nosotros y para sus familias. A ellos se suman millones más que se han convencido de que la paz es posible y por eso denuncian, se involucran y rechazan el espejismo que ofrece la delincuencia.

El fondo de este avance es la confianza que se ha logrado entre gobierno y millones de gobernados, un ingrediente indispensable si vamos a resolver las causas de la inseguridad y sentaremos las bases de un país distinto, en paz y mejor para la mayoría.