Mauricio Tabe Echartea, alcalde en Miguel Hidalgo, demandó al Gobierno de la Ciudad de México a hacer cumplir la Ley de Cultura Cívica y que las personas que se adueñan o controlan el espacio público, conocidos como “franeleros”, sean presentaos ante los Juzgados Cívicos y que realicen trabajo comunitario y ayuden a limpiar las calles.

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Aseguró que esto traería un beneficio para la comunidad y al mismo tiempo, disminuiría esta práctica que genera conflicto en el espacio público cuando los franeleros, se adueñan de las calles y son violentos con la ciudadanía.

Tan solo el año pasado se realizaron 385 remisiones a los Juzgados Cívicos de franeleros que se habían apropiado de las calles, además desde hace tres años, cuando inició su gestión a la fecha, se han retirado mil 297 cachivaches y 654 obstáculos fijos y semifijos.

En conferencia de prensa, señaló que desde la alcaldía Miguel Hidalgo se viene haciendo desde hace tres años acciones para el retiro y remisión de quienes se apropian de las calles, por lo que con la suma del trabajo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se podrá contar con calles más ordenadas y seguras.

“Estoy insistiendo al Gobierno de la Ciudad para que sí se apliquen las medidas de trabajo comunitario a quienes son remitidos al Juzgado Cívico y tengamos estas brigadas para limpiar las calles con la gente que fue remitida al Juzgado Cívico por sentirse dueño de la calle”, dijo.

El alcalde Tabe señaló que para la recuperación de los espacios públicos se han hecho diversos operativos para retirar “cachivaches y obstáculos”, así como a quienes han intentado apoderarse de las calles.

Al hablar de las protestas de los locatarios de mercados públicos en la CDMX, aseguró que su administración estará del lado de los comerciantes, que solamente buscan “garantías y certeza”, luego de que el GCDMX centralizara los trámites de las cédulas de los locatarios sin la participación de las alcaldías.

Indicó que quien tiene el contacto directo con los locatarios de los mercados son los gobiernos de las alcaldías, que además dan mantenimiento a estos centros de distribución, por lo que calificó como un error el concentrar este trámite, generando desconfianza entre los comerciantes ante posibles abusos de autoridad u otorgamientos discrecionales.

“Vamos a estar del lado de los locatarios, defendiendo su derecho legítimo al trabajo y colaborando con la autoridad para ser estos intermediarios que le den certeza, pero sí necesitamos de la parte del gobierno de la ciudad, que nos ayuden a dar esta garantía para que podamos participar en el proceso de otorgamiento de las cédulas”, concluyó.