La diputada federal por el Partido Verde Ecologista, Claudia Sánchez Juárez, propuso una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para obligar a las empresas de telefonía móvil y plataformas digitales a suspender el cobro del servicio cuando un teléfono celular ha sido hackeado por actos de ciberdelincuencia.

LEE ADEMÁS: Feria Tulancingo 2025: fechas oficiales, precios de boletos y artistas confirmados

La iniciativa plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 92 Bis de dicha ley, a fin de que los proveedores no puedan cobrar por un servicio que ha quedado inutilizado por causas ajenas al usuario, y que solo podrán reanudar el cobro cuando se restablezca el uso habitual del dispositivo móvil afectado.

Sánchez Juárez argumentó que, aunque el artículo ya contempla compensaciones por fallas en el servicio imputables al proveedor, es necesario especificar que el hackeo también debe ser motivo para detener los cobros, sin dejar lugar a interpretaciones legales ambiguas.

México, advirtió, es uno de los países más golpeados por la ciberdelincuencia en América Latina, con delitos como fraudes electrónicos, robo de identidad, extorsión digital, ciberacoso, ataques a sistemas públicos y privados, y hackeos masivos, que generan pérdidas por más de ocho mil millones de dólares al año.

La diputada señaló que las redes móviles son usadas por criminales digitales para cometer ilícitos, sin que exista una respuesta eficaz por parte de las empresas proveedoras del servicio.

En esos casos, expuso, el usuario afectado debe acudir al Ministerio Público a presentar una denuncia, pero durante ese proceso se queda sin acceso a su línea y, sin embargo, continúa recibiendo los cargos correspondientes al servicio contratado.

Por ello, advirtió que es urgente modificar la legislación para que las compañías estén obligadas a suspender el cobro en cuanto se detecte el hackeo del dispositivo, evitando así que los consumidores paguen por un servicio del que no pueden hacer uso debido a un delito cibernético.