La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la asignación de diputados federales y senadores para Morena, PT y PVEM, que tendrán mayoría calificada con 364 legisladores en San Lázaro, y con ello le dio vía libre el Plan C de la Cuarta Transformación y con ello dio por concluido el proceso electoral federal, pues no hay más recursos por resolver.

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Tras varias horas de discusión y como se preveía, el proyecto de sentencia fue aprobado con los votos de los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez y Janine Otálora fue la única que lo hizo en contra.

Al inicio de la sesión, la presidenta del organismo electoral, Mónica Soto Fregoso, dejó en claro que la sala superior tiene un trabajo puramente jurisdiccional, más allá de consideraciones políticas y denunció que estuvieron sujetos a presiones y hasta amenazas.

“Las magistraturas actuamos con absoluta responsabilidad pública, profesionalismo y con apego a los principios que todo juez y jueza deben cumplir. Sin temor a las críticas, exhibiciones, presiones externas, incluso amenazas directas e indirectas, personales, institucionales y familiares, por juzgar con libertad y con apego a derecho”, sentenció tras acotar que se recibieron más de 8 mil 600 recursos de impugnación.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, ponente de los proyectos que rechazaron las quejas del PRI, PAN, MC y un ciudadano, refrendó que la asignación que hizo el Instituto Nacional Electoral fue la correcta, postura que compartieron la mayoría de los magistrados y advirtió que no se trata de ganar aplausos sino de hacer lo correcto.

Felipe Fuentes Barrera señaló por su lado que no se pueden cambiar las reglas ya que terminaron las elecciones ni se puede tratar de adivinar lo que realmente los electores querían al votar por uno u otro partido.

Por su lado, la magistrada Janine Otálora, aseguró que la asignación de triunfos en distritos por convenio de coalición distorsiona el sistema democrático y trastocan la voluntad popular, por lo que propuso que, mediante una interpretación sistemática y funcional de las normas, los triunfos se contabilicen al partido que obtuvo el mayor número de votos, independientemente de lo que propongan las coaliciones, criterio que fue rechazado.

El magistrado Reyes Rodríguez, consideró que hay una omisión legislativa y señaló se debe vincular al Congreso de la Unión para que legisle las reglas necesarias para dar coherencia al sistema electoral, al señalar que sistema de partidos y de votación permite una dualidad que no es congruente con el sistema electoral.